Si alguna conclusión puede extraerse del estudio realizado por el Consell de Mallorca sobre la presión fiscal en los municipios de la Isla es que ya ha llegado el momento de que las demás administraciones públicas comiencen a pensar muy seriamente en introducir cambios en un modelo de financiación que estrangula a las instituciones municipales. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la que, en muchas ocasiones, presta servicios subsidiarios que no dan otras instituciones.
No se puede obligar al organismo más cercano a los ciudadanos a aumentar su presión fiscal como único método para conseguir recursos con los que mejorar las infraestructuras de las localidades. Los ayuntamientos reciben pocos recursos tanto del Gobierno central como del Govern balear y del propio Consell, que, con unos ingresos muy limitados, lo justo puede hacer frente a sus obligaciones. Pero a las limitaciones presupuestarias se suma además la imposibilidad práctica de recurrir a la deuda para conseguir elementos extra de financiación.
Con este panorama, a los alcaldes sólo les quedan dos opciones para mejorar la mermada situación de las arcas municipales. Una de ellas pasa por conceder licencias urbanísticas, que les granjearán después cuantiosos recursos económicos con los que atender sus obligaciones. En un territorio como Mallorca, esta opción parece un desatino, de forma que la única vía de financiación propia con la que cuentan los alcaldes es aumentar la presión fiscal. En esta maquiavélica situación, al final es el ciudadano quien paga los platos rotos de una deficiente financiación. Para los poderes públicos es muy fácil que los consistorios suban impuestos, cuando la responsabilidad está en otras administraciones.
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