El juez Baltasar Garzón ha pedido los pertinentes informes policiales para ver si autoriza o no las manifestaciones en favor de los presos de ETA convocadas para el próximo fin de semana. Esto sucede en un momento en el que se ha producido un rebrote de la violencia callejera con la quema de autobuses en el País Vasco y el lanzamiento de artefactos incendiarios contra sedes socialistas o entidades bancarias.
Todo esto después de que Arnaldo Otegi declarara que el Gobierno sólo busca «la rendición de ETA» y la «humillación» de Batasuna y de que la banda emitiera su comunicado en el sentido de «responder» si las cosas no se enderezaban.
Cabe, ante esto, preguntarse si convendría, en este punto, realizar algunas concesiones, como el acercamiento de presos. Es, cuando menos, dudoso que esto funcionara mientras Batasuna se empecine en mantener un pulso con el Estado democrático para que éste renuncie a la aplicación de la ley. Y, además, sería ceder a las presiones de quienes vuelven a amenazar con el uso de la violencia.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado un camino difícil hacia la paz que puede verse truncado por la intransigencia de Batasuna, que sigue sin ceder un ápice en sus posiciones: autodeterminación, territorialidad y excarcelación de los presos de la banda.
Estamos en una encrucijada. La pelota está en el tejado de Batasuna y ETA y si rompen la baraja y vuelven a matar, la responsabilidad va a ser sólo suya. No sería bueno atribuir culpas a ningún Gobierno por haber intentado acabar con una lacra que nos ha perseguido durante décadas. Esperemos que adopten la decisión de optar por el camino de la ley y de la renuncia a la violencia.
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