Las operaciones urbanísticas han pasado al primer plano del debate político.

Las operaciones urbanísticas han pasado al primer plano del debate político.

20/09/06 0:00
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NEKANE DOMBLÀS/EFE
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que «en muchos ayuntamientos» de Balears y otras regiones costeras españolas se han practicado «políticas urbanísticas bastardas al servicio de intereses especulativos», lo que convierte estas zonas en «otras 'marbellas'». En declaraciones a la Cadena Ser, López Aguilar señaló que la supeditación de las decisiones urbanísticas de algunas corporaciones locales a «las estrategias de enriquecimiento de grandes constructores y grandes inmobiliarias» es «una realidad» presente «especialmente en la España costera, el arco mediterráneo, Balears y Canarias». «Es un hecho que la actividad urbanística movida por poderes públicos ha sido el gran catalizador de dinero negro procedente de negocios ilícitos. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en las políticas urbanísticas de los ayuntamientos», recalcó el ministro.

No obstante, López Aguilar subrayó también que «la inmensa mayoría de los servidores públicos en esos entes locales son gente honrada» y aseguró que la lucha contra la corrupción es una prioridad del Gobierno. Los partidos de las Islas reaccionaron de forma diferente a las palabras del ministro. Para el portavoz del PP, Miquel Ramis, tal vez López Aguilar conozca de primera mano el caso canario, pero no puede colocar a Balears en el mismo plano que Marbella. «Si algún municipio se ha destacado en las Islas por hacer operaciones urbanísticas y fomentar la 'balearización' fue el Calvià de Margarita Nájera», señaló Ramis, quien pidió al ministro que no haga «admoniciones» a los demás partidos. Antonio Diéguez, diputado del PSOE, aseguró que las palabras del ministro ratifican la necesidad de que en Balears se cree un cuerpo de inspectores que vigile el patrimonio de los representantes públicos, una propuesta que el PSIB ha registrado en el Parlament. «Sus palabras dan aún más urgencia a nuestra propuesta», dijo el diputado socialista.

Para Antoni Alorda, representante del PSM, las palabras del ministro deben ir acompañadas de hechos. «La Guardia Civil y la Fiscalía deberían investigar temas que han aparecido en las Islas», dijo. Bartomeu Vicens, de UM, se mostró satisfecho de que un ministro recalque la indisciplina de algunos ayuntamientos y recordó que su partido enmendó una propuesta para que el Consell aumente el nivel de control en los planeamientos de las Islas. Para Miquel Rosselló, de EU-EV, en Balears se han dado claros casos de corrupción urbanística y recordó la petición de crear un órgano supramunicipal que controle estos desmanes de los municipios.