El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, ha citado la próxima semana al presidente de la Autoritat Portuària, Joan Verger, para que declare en calidad de imputado en las investigaciones que está llevando a cabo por las adjudicaciones realizadas a uno de sus ex socios, Juan Antonio Riutort.
Verger irá acompañado por su abogado, Rafael Perera, para responder a las preguntas del fiscal, que investiga las concesiones desde hace dos meses.
El presidente de la Autoritat Portuària ha insistido en varias ocasiones en que su actuación en las adjudicaciones han sido siempre «correcta», y que así lo avalan los distintos informes elaborados sobre esa cuestión.
No obstante, el fiscal Anticorrupción desea averiguar por qué razón varias concesiones millonarias han ido a parar a Riutort y Trapsayates (del Grupo Marsans).
Verger ha declarado que se siente víctima de una «persecución», aunque reconoce que su vinculación a la empresa Nuevas Licencias y de Construcción y Equipamientos, S.L., en la que cuenta con el 50% de las acciones, junto a Antoni Garau, tras comprar el porcentaje correspondiente a Joan Riutort (presidente de IP3M), se pueda prestar a «discusión».
Es por ello, que se ha sometido a diversos dictámenes jurídicos para que sean los expertos quienes deben analizar si su gestión incumple la Ley de Incompatibilidades o la Ley de Procedimiento Administrativo.
Un reciente dictamen del abogado del Estado ha señalado que Verger no ha cometido ninguna irregularidad.
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