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Las demandas presentadas en los juzgados de Palma para desalojar a inquilinos morosos ha registrado un alza del 8 por ciento hasta el pasado mes de junio, con un total de 1.173 asuntos ingresados, frente a los 1.086 del mismo periodo del pasado año, según refleja la estadística elaborada por el Decanato de los Juzgados de sa Gerrería.

Los juzgados de Palma están tramitando una media de 2.000 desahucios anuales, casi seis diarios, cifra que unida a la que se registra en el resto de jurisdicciones de Balears, sitúan a esta comunidad a la cabeza de la clasificación estatal en la expulsión de inquilinos por vía judicial (el 1,43 por ciento de la población).

Ese aumento de los juicios verbales de desahucio se debe, según las fuentes consultadas a la entrada en vigor de la ley de garantías en la Venta de Bienes de Consumo aprobada por el Senado, que recoge una disposición relativa a los procesos de desahucios en los casos de impago de alquiler y agiliza la expulsión de los inquilinos moroso.

Ello supuso la pertinente reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), ante la necesidad de «animar el mercado de la vivienda de alquiler».

Los expertos del sector estiman que esas medidas han permitido abreviar los desahucios, con lo que las viviendas queda antes desocupadas y enriquecen la oferta de alquileres, que en la actualidad resulta insuficiente debido a que los propietarios preferían tener sus viviendas vacías en lugar de cederlas en arrendamiento sin unas sólidas garantías legales de recuperación.

Los 19 juzgados de Primera Instancia, que son los órganos que tramitan las demandas, han recibido una media de 70 asuntos en el primer semestre, cifra similar a la registrada en 2005.

Los jueces están aplicando en Palma, «los criterios del legislador», ya que es «evidente que hay casos manifiestos de abusos por parte de algunos inquilinos, que no abonan las cantidades mensuales estipuladas con el propietario», explicó un experto.