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«Queremos que las universidades sepan que no van a tener coartada para hacerlo mal, éstas deben saber que sufrirán las consecuencias. La autonomía no significa que pase lo que pase, nunca pasa nada. Hay una obligación moral y jurídica de retirar el título a las universidades que no cumplan los estándares de calidad mínimos», afirmó ayer en Palma Miguel Angel Quintanilla, secretario de Estado de Universidades, sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad en el marco europeo. Fue durante la IV Asamblea de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación.

Otro punto que introduce el Gobierno en la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad es la supresión de los actuales grados de diplomado y licenciado: «La competitividad de la universidad española no está en el sistema de postgrado, sino en un buen sistema de grado. Nuestra propuesta quiere definir muy bien el grado con un título completo, que no excluye una formación complementaria, pero no la exije».

Así, a partir de 2012, la consecuencia más grave para las universidades que no den la talla europea será la retirada «de la homologación oficial del título». La razón: es que en la reforma primarán «objetivos y resultados, no tanto el número de alumnos o materias a impartir. Queremos calidad europea».

Quintanilla añadió que «el Gobierno hará pública toda aquella información relevante referida a la calidad de la enseñanza para que el ciudadano, que paga con sus impuestos la universidad pública, sepa cuál es el nivel de calidad de la universidad en la que piensa matricular a sus hijos. Es el derecho de los ciudadanos y de los estudiantes».

El nuevo sistema ha generado ya ciertas críticas entre los rectores catalanes, aunque ayer, Avel.lí Blasco, rector de la UIB, no se decantó entre el modelo «tres más dos» (diplomatura y postgrado) o cuatro de grado. Por su parte Quintanilla recordó que «en las diplomaturas sólo el 2 % del alumnado acaba en tres años, un porcentaje de fracaso «alto y caro».