TW
0

El portavoz del Ejecutivo balear, el conseller Joan Flaquer, aprovechó ayer la rueda de prensa en la que da cuenta de los acuerdos del Gabinete para trasladar «el apoyo total y absoluto del Givern y del PP» a la consellera d'Immigración, Encarmación Pastor, y a su jafa de gabinete, la argentina Laura Giorgio.

Flaquer aludió a este asunto, que ha marcado la semana política, al anunciar que el Ejecutivo había aprobado un requerimiento de anulación de la sla sanción de 6.001 euros impuesta por Inspección de Trabajo a la Conselleria. Flaquer indicó que si no se retira la propuesta, acudirán a los tribunales. El día anterior, el delegado del Gobierno, Ramon Socías, destacó que no podría hacer otra cosa que sancionar ya que lo contrario habría sido prevaricación.

En la resolución aprobada por el Consell de Govern se especifica que si bien Giorgio había solicitado los trámites administrativos pertinentes para el cambio de actividad laboral, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 2/1989, de 2 de febrero, de la función pública de Baleares, «no era necesario disponer de este requisito, puesto que su contratación como personal de carácter eventual se inscribe dentro de los denominados cargos de confianza y asesoramiento especial».

Además, añade que la contratación de la jefa de gabinete se ampara en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, en aplicación de la cual, dice, «las autorizaciones de trabajo y residencia figuran en la Instrucción de la Dirección general de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de diciembre de 2005».

«Es obvio que la situación laboral de la directora del Gabinete es una excepción según se recoge en el citado artículo 40, por el que la sanción impuesta no es conforme a derecho, por lo cual debe procederse a su anulación», dijo Flaquer qie insistió en rechazar la actuación «muy desafortunada» del delegado del Gobierno, Ramón Socías, y del PSIB, al considerar que han mezclado cuestiones de carácter personal «que nunca deberían haberse tratado», opinó, y que «dicen poco en su favor». «Antes de impulsar un contencioso-administrativo, nos parece positivo intentar buscar puntos que permitan mejorar las relaciones entre las dos Administraciones. No deseamos tener que llegar a los Tribunales, por lo que pedimos a Socías que se replantee esta cuestión», señaló.

La polémica estalló el lunes cuando el delegado del Gobierno leyó parcialmente un expediente en torno a la denuncia (de un particular) contra Lauara Girgio del que se desprendía que tanto la conselera como la jefa de gabinete vivían en el mismo domicilio.

Para la diputada socialista Aina Rado, la existencia de una «relación» entre Pastor y Giorgio es lo que explica que la segunda ocupe el cargo.