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EUROPA PRESS-R.L.
Los expertos consideran que el incremento de las inversiones públicas en infraestructuras debería repartirse según un criterio que primara a las comunidades autónomas con peores dotaciones para fomentar la cohesión económica y social, y rechazan asignarlas según la contribución de cada comunidad al PIB nacional, tal y como se ha recogido en el Estatuto catalán. Precisamente, los socialistas quieren introducir una enmienda en el Estatut balear que tramita el Congreso para incluir el mismo artículo que figura en el texto de Catalunya. Desde el Govern, el conseller d'Economia, Lluís Ramis de Ayreflor, es partidario de mantener la reivindicación de 3.000 millones en lugar de incluir el PIB.

Esta es una de las principales conclusiones del «Consenso Económico» elaborado por PricewaterhouseCoopers y referido al cuarto trimestre de 2006. En concreto, prácticamente el 70% del panel de 346 expertos y empresarios consultados apuesta por este criterio de reparto, y advierte que el proceso descentralizador iniciado en el último año con los desarrollos estatutarios aumenta los riesgos para la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.

El último Consenso Económico dedica un monográfico al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2007, y el 77% de los expertos cree «razonable» el aumento del PIB contenido en los mismos, pero aumenta del 8% al 38% los que consideran optimista este dato, ya que la mayoría apunta a un crecimiento económico del 3% para el próximo año.