El PSIB propone que el Parlament nombre un guardia civil para investigar a políticos

En resumen, y según lo que propusieron Francina Armengol y Antoni Diéguez: que un comisionado del Parlement, preferentemente un guardia civil o policía experto en anticorrrupción, inspeccione el patrimonio de cualquier cargo público que así lo determine la Cámara.

El diputado Antoni Diéguez admitió ayer que en ninguna comunidad autónoma se ha aprobado una iniciativa similar y lo justificó: «La verdad es que si fuimos pioneros en casos de corrupción, también podemos serlo en anticorrupción».

Armengol indicó que esta propuesta, que completará la próxima semana con la presentación de un texto articulado de proposición de ley que sirva de base para el trabajo de la comisión.

Armengol recordó que había planteado esta iniciativa en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad y que, tras la disposición favorable expresada por el presidente del Govern, Jaume Matas, se abrió un proceso de negociación con el PP del que, por el momento, no ha surgido ningún acuerdo.

«Estamos altamente preocupados por notorios casos de presunta corrupción», que producen «desconfianza» social y un consecuente «alejamiento del ciudadano» de la vida política, y ello a pesar de que «la inmensa mayoría» de los cargos públicos desempeña sus funciones con honestidad, indicó la dirigente socialista.

Consideró que para ello es preciso crear los «instrumentos necesarios» para luchar contra la corrupción en aquellos ámbitos fuera del alcance de las administraciones de Justicia y Tributaria, lo que, para Armengol, requiere de la creación de la figura de un comisionado del Parlament que sea un agente del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil experimentado en investigación patrimonial.

«Hay una veintena de ayuntamientos gobernados por el PP que están siendo investigados por la Justicia», subrayó la diputada, que aclaró, no obstante, que la investigación que plantea su partido se limita al plano político.

Armengol, en relación al Estatut, dijo que no tiene intención de retrasar su aprobación pese a solicitar otra prórroga para ennmiendas.