El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, confirmó que el Gobierno está «analizando» la propuesta económica sobre el traspaso de las competencias de Justicia a Balears, que la semana pasada les presentó la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs. El denominado «Plan de Acción del modelo de servicio de la Administración de Justicia en las Illes Balears», elaborado por una consultora externa, prevé una inversión de 80 millones de euros durante diez años para poner al día inversiones en infraestructuras. Ese dinero tendría que aportarlo el Estado.
«Estamos analizando con mucho detenimiento esa propuesta de Balears y pronto daremos unas respuesta. Nuestro objetivo es que las Islas asuman las competencias en esta legislatura», declaró López Guerra en la rueda de prensa que concedió ayer, poco antes de inaugurar el nuevo edificio de la Fiscalía de Balears, situada en la Plaça Bisbe Berenguer de Palou. A la ceremonia de inauguración, presidida por el jefe del Ejecutivo balear, Jaume Matas, también asistió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
López Guerra explicó que el estudio de la propuesta presentada por Rosa Estaràs «está en una fase inicial de análisis».
«El Gobierno ha asumido la tarea de dignificación de los medios materiales de la Justicia, y queremos llevarla a cabo. Desde luego, los servicios a los ciudadanos han mejorado en todas esas autonomías que han asumido las competencias», explicó López Guerra.
Destacó, en relación a su presencia en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía de Balears, que uno de los principales objetivos para la presente legislatura es el «crecimiento» de la planta de fiscales en todo el Estado, posibilidad que favorece la apertura de las nuevas dependencias. Admitió, no obstante, que es conocedor de las «carencias seculares» que sufre la Administración de Justicia, entre las que consideró prioritarias el reforzamiento de la formación y, en especial, de la informatización de los servicios.
Para el secretario de Estado, un Gobierno «no puede llevar a cabo en solitario la reforma necesaria, pero puede aportar medios para asegurar la tutela efectiva y mejorarla en un plazo razonable», que, según agregó, espera que sea «lo más corto posible» y, en cualquier caso, «dentro de esta legislatura».
Por su parte, Conde-Pumpido agradeció al fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, haber «puesto su insistencia al servicio de una buena causa», como es la reforma y adaptación del nuevo edificio judicial.
El fiscal general del Estado aseguró en su discurso que la nueva sede tiene un «valor emblemático» y consideró que su apertura se enmarca en una «labor de renovación» que debe «desembocar en un estilo nuevo» de ejercer la labor de Fiscalía que sea «más activo» y se rija por la «proximidad», la «inmediatez» y la «eficacia» en ofrecer su servicio.
«Por aquí han pasado a lo largo de las últimas décadas algunas de las mentes y las voluntades más comprometidas con el progreso de nuestra institución. Muchos de esos fiscales, auténticos referentes en la carrera, permanecen aquí, y no siendo de origen balear se han afincado en esta Comunidad consolidando uno de los órganos territoriales más estables del Ministerio Público. En cierto modo, es una escuela de fiscales», afirmó Conde-Pumpido. Mencionó, asimismo, a Menores, la lucha contra la corrupción o la preservación del medio ambiente, como áreas en la que la Fiscalía de Balears «ha tenido valedores que han abierto el camino en lo que luego han sido las zonas capitales de expansión de la actividad del fiscal».
El presidente del Govern, Jaume Matas, por su parte, recordó las condiciones en que la Fiscalía venía desempeñando su labor en las «estrechas» dependencias del Tribunal Superior de Justicia y aseguró que su situación era «extrapolable» a la que se da en el resto de servicios judiciales de Balears. Rechazó, eso sí, «buscar culpables», al considerar que «lo somos todos» y, en cambio se mostró partidario de buscar soluciones.
En este sentido, Matas consideró que la reunión mantenida por la vicepresidenta y consellera de Relacions Institucionals, Rosa Estaràs, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, fue «positiva» y dijo ser «consciente» de que todos los problemas que implican la gestión de estos servicios pasarán a ser responsabilidad autonómica «al día siguiente de que se traspasen las competencias», señaló.
La inauguración de la nueve sede del Ministerio Público en Palma contó con la asistencia de numerosas personalidades de distintos ámbitos de la sociedad balear.
No faltaron a la cita el delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer; el presidente del TSJB, Antoni Terrasa; el presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez; el rector de la UIB, Ave-lí Blasco, el comandante general de Balears, José Emilio Roldán; el jefe superior de Policía, Elicio Àmez; el teniente coronel de la Guardia Civil, Jaime Barceló; y el jefe de la Policía Local, Nicolás Herrero. entre otros. También, asistieron numerosos magistrados y por supuesto gran parte de la plantilla de fiscales de las Islas.
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