Por un día en la vida, apenas una horas durante la mañana de ayer, responsables políticos de los servicios sociales del Govern y del Ajuntament de Palma percibieron la realidad como un discapacitado más. «Una experiencia muy dura» reconocieron. El acto está enmarcado en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que quiere llamar la atención sobre las barreras que impiden vivir con normalidad a estas personas.
Acompañaron a los políticos Juan Perera, presidente de la federación patronal de asociaciones de discapacitados y organizadora del encuentro, UNAC. Asimismo, Angel Vega, presidente de la asociación de enfermos medulares, Aspaym; Francisca Sastre, presidenta de la asociación de discapacitados físicos, Asprom; y Alejandra Luque, presidenta de la ONCE en Balears. Todos reclamaron que la sociedad se sensibilice con el colectivo.
La Ley de Barreras Arquitectónicas aprobada en 1993 se dio un plazo de 15 años para su pleno desarrollo. Ayer, los responsables políticos vieron que la realidad de aquella ambiciosa ley, 14 años después, es otra.
Margalida Ferrando, concejal de Serveis Socials de Cort; Pilar Mir, directora general de Serveis Socials del Govern; y Antoni Serra, presidente de S'Institut, pasearon por el centro de Palma como cualquier discapacitado. La experiencia comenzó en la plaza Weyler. En silla de ruedas, llegaron con mucha dificultad (baches, charcos, falta de espacio, escalones...) a El Corte Inglés de Jaime III. Una vez allí, con los ojos tapados y un bastón, llegaron finalmente a una parada de bus donde, a pesar del inaudible sistema acústico de la parada y del propio autobús, con mucha ayuda, regresaron a Weyler: «¡Vaya lección nos han dado!», dijeron.
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