P. Candia23/12/06 0:00
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El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, ha remitido un escrito a su superior, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que se pronuncie sobre las competencias de la solicitud presentada por el presidente del Govern, Jaume Matas, en la que pide la actuación de oficio del Ministerio Fiscal en relación a las informaciones publicadas por «un medio nacional», (El País).

Según recoge la denuncia de Matas, en esas informaciones se afirmaba que el Govern Balear alertó al alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo de que iba a ser detenido.

El fiscal jefe de Balears explica a su superior que, como quiera que dicho rotativo es de ámbito nacional con sede en Madrid, le remite las diligencias para que «atribuya la competencia a la Fiscalía que considere oportuno para el conocimiento de las mismas».

Matas y todo su Ejecutivo realizan una interpretación distinta al diálogo que el conseller d'Interior, José María Rodríguez, e Hidalgo mantuvieron a las 08.11 horas de la mañana del lunes 27 de noviembre, poco antes de que diera inicio la «operación Voramar». Según el Govern, Rodríguez no avisó «en ningún momento» a Hidalgo de que iba a ser detenido. El diálogo, grabado por la Guardia Civil y publicado por este diario el pasado martes, deja entrever, sin embargo, de que ambos interlocutores sabían que «algo» iba a ocurrir ese mismo día.

Por otra parte, hoy finaliza el plazo para que Rafael Perera y Juan Luis Matas, abogados defensores de los dos principales imputados en la trama urbanística de Andratx, Eugenio Hidalgo y Jaume Gibert, formalicen sus escritos ante el juzgado de guardia.

Ambos letrados se opondrán de forma rotunda a la petición del fiscal Anticorrupción de que sus respectivos clientes vuelvan a la cárcel. Según sostienen, no existe en absoluto el riesgo de fuga debido a que el patrimonio de sus defendidos está embargado y no tienen posibilidades de acceder a sus cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y participaciones en sociedades.

Insisten en que ya no están en disposición de destruir nuevas fuentes de pruebas, y que no pueden influir, ya, en testigos de la causa.

El fiscal, como se sabe, solicita al juez que impida a Hidalgo y Gibert acercarse a unas treintena de testigos y personas sobre la que «tiene ascendencia», según señala su escrito.