Doce de los dieciséis magistrados de la Audiencia Nacional votaron a favor de mantener el régimen penitenciario del etarra Iñaki de Juana Chaos por considerarle el único responsable de su estado de salud, en huelga de hambre desde hace 80 días y con riesgo de muerte si no se alimenta. La Audiencia añade que será tratado en el hospital y se le administrará alimento, incluso contra su voluntad, si existe riesgo para su vida.
Atenuar la situación del preso hubiera podido provocar una reacción en cadena no ya sólo de etarras encarcelados, sino incluso de reclusos comunes, que, mediante el mismo método, reclamarían todo tipo de beneficios penitenciarios e, incluso, la libertad. La mayoría de los magistrados han optado por la aplicación estricta de la ley, salvo cuatro, tres de ellos, curiosamente, son los que condenaron a 12 años de cárcel al miembro de ETA por amenazas terroristas. Una sentencia, por cierto que puede considerarse desproporcionada atendiendo a que De Juana, por 25 asesinatos, cumplió ya los 18 años de su condena.
Las reacciones a la decisión de la Audiencia Nacional no se han hecho esperar. El PP está enormemente satisfecho, mientras que el Gobierno acata y respeta la decisión sin comentarla y Batasuna lanza un nuevo órdago al Ejecutivo y le exige medidas urgentes para la liberación del terrorista. La formación ilegalizada situó esta resolución en una estrategia de guerra y la calificó de «venganza cruel», palabras que alejan todavía más la esperanza de que el proceso de paz, interrumpido por la banda con el atentado de Barajas, pueda ser retomado en breve.
Ahora bien, queda pendiente aún la ratificación de la condena por la que está preso De Juana por parte del Supremo o la revisión de la misma si ha lugar. En cualquier caso, bueno es que la Justicia actúe con independencia y adopte las resoluciones que debe de acuerdo con las leyes vigentes.
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