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NEKANE DOMBLÀS
El Consell de Govern ordenó ayer a los servicios jurídicos de la Comunitat que inicien los trámites para recurrir ante los tribunales la decisión del Ministerio de Fomento de autorizar una nueva subida de tres euros en el precio de los vuelos interislas. La autorización del Ministerio de Fomento se realizó sin el conocimiento previo del Govern balear, a pesar de que la declaración de servicio público obliga a informar al Ejecutivo de estas subidas.

Además de esta petición de modificación, el president Jaume Matas planteó hace unos meses la posibilidad de modificar el sistema de descuento aéreo y marítimo para los residentes. Matas quiere fijar un precio único para los billetes en lugar de un sistema de descuentos como el que existe en estos momentos.

El Govern tiene hasta el día 19 de este mismo mes para formalizar el recurso contra la subida de las tarifas. El portavoz del Govern, Joan Flaquer, que informó de los acuerdos tomados por el Ejecutivo en su reunión de ayer, recordó que el Ejecutivo de Matas ya ha pedido oficialmente al Ministerio de Fomento para que cambie la declaración de servicio público.

En sus declaraciones, Joan Flaquer lamentó que la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, no sólo no atienda las peticiones del Govern para modificar el servicio público sino que además sube las tarifas sin consultarlo antes con el Govern.

En relación con el transporte de pasajeros, el Ejecutivo de Jaume Matas aprobó abonar 2,3 millones de euros para financiar el descuento de los residentes en el transporte marítimo interinsular. La subvención se ha otorgado a la empresa Eurolíneas Marítimas SA, que presta el servicio Eivissa-Palma, Alcúdia-Ciutadella y Eivissa-Formentera.

Otra resolución importante del Consell de Govern fue la aprobación de una partida de seis millones de euros que se destinarán a la sanidad privada para garantizar a los pacientes en lista de espera «su derecho a recibir asistencia sanitaria en los términos fijados por el decreto de garantía de demora.

Esta cantidad servirá para pagar a los centros concertados con Servei de Salut de les Illes Balears por derivar a los pacientes en caso de que sobrepasen el límite fijado por el decreto. Esta normativa del Ejecutivo fija que los pacientes de la sanidad pública balear han de ser operados en un máximo de 180 días y de ser recibidos por el especialista y ser citados para una prueba diagnóstica en un plazo de 60 días. En caso contrario, el decreto reconoce los derechos del usuario a solicitar ser atendidos en un centro concertado y autorizado por el Govern.

A propuesta de la Conselleria de Treball, el Ejecutivo aprobó el plan de fomento de la economía social de Balears 2007-2008. En la redacción de este plan, que busca ser un documento orientador de las políticas del Govern en esta materia, han colaborado además las organizaciones representativas del sector como UCABAL, UCTAIB, AELB y REAS Balears, según informa el Govern en un comunicado. Las cooperativas, sociedad laborales y empresas de inserción constituyen el núcleo de lo que se conoce como economía social.