El municipio de Andratx es uno de los que acumula más ilegalidades en materia urbanística.

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NEKANE DOMBLÀS
Récord absoluto en número de órdenes de demolición de obras ilegales. Es el balance urbanístico del Consell de Mallorca durante esta legislatura. Si en los cuatro años anteriores tan sólo se decretaron 20 demoliciones por obras ilegales en Mallorca, en los cuatro años siguientes esta drástica medida ha aumentado un 300 por cien y la cifra total de órdenes de demolición suma ya 80.Tan sólo en el año 2006, los responsables de Urbanisme del Consell tomaron esta medida en 29 ocasiones, es decir, más de dos demoliciones por mes. Estas cifras contratan con las de la legislatura anterior. En el año 2002, por ejemplo, tan sólo se adoptó esta medida en cuatro ocasiones. Que el Consell de Mallorca está decidido ha aplicar mano dura a las obras ilegales que existen en el campo mallorquín no sólo se comprueba con las estadísticas correspondientes a las órdenes de demolición. A lo largo de estos últimos cuatro años, a las demoliciones se suman las sanciones impuestas a ciudadanos que han realizado obras sin permiso. Entre los años 1999 y 2002 se impusieron 137 sanciones, cantidad que ha aumentado hasta los 156 en los años comprendidos entre 2003 y 2006.

En ocasiones, las sanciones pueden ir acompañadas de órdenes de demolición, cuando las obras son de extrema gravedad. Es decir, el propietario que ha cometido la ilegalidad debe tirar las obras hechas sin licencia y además pagar una multa. En otras ocasiones, las obras se han hecho sin licencia, pero pueden ser legalizables. Es en este caso cuando sólo se aplica la sanción, pero no se ordena el derribo. Las sanciones aplicadas han supuesto unos suculentos ingresos para las arcas de la institución insular. Las estadísticas relativas a disciplina urbanística muestran que, en los últimos cuatro años, el Consell ha obtenido unos ingresos superiores a 8,9 millones de euros en concepto de multas pagadas por los infractores. En 2006, las sanciones impuestas sumaron 1,9 millones, 400.000 euros más que la cuantía impuesta a lo largo del año anterior.

Por lo que respecta al comparativo entre legislaturas, las cifras son igual de elocuentes. Entre 2003 y 2006, las multas llegaron a casi nueve millones de euros. En la legislatura anterior, las sanciones sumaron 3,6 millones de euros. Es decir, que el aumento entre un periodo y el siguiente fue de casi un 150 por ciento. Pero si algo llama la atención de la estadística en disciplina urbanística del Consell de Mallorca es el creciente número de licencias municipales impugnadas a los ayuntamientos. En este caso, quien comete la ilegalidad no es el particular, sino la propia administración, lo que hace aún más grave la indisciplina urbanística. En este caso, el Consell no tiene otro remedio que impugnar la licencia o, lo que es lo mismo, llevar a los ayuntamientos ante los tribunales.