El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, instó ayer al derribo de las construcciones ilegales incluidas en el sumario del 'caso Andratx', y recordó que el Código Penal ampara esa medida extrema. A una pregunta de Ultima Hora sobre la posibilidad de que las construcciones levantadas al margen de las ley fueran demolidas, el fiscal respondió que ésa es una cuestión que también compete a los ayuntamientos implicados.
En las declaraciones realizadas ante el juez instructor de la 'operación Voramar', Àlvaro Latorre, volvió a quedar de manifiesto ayer las flagrantes irregularidades cometidas durante años en el Ajuntament d'Andratx. Ya no se trata sólo de viviendas construidas en suelo protegido, sino también de caminos abiertos en zona ANEI para facilitar el acceso a esos chalets.
En ese sentido, la testifical del agente número 1000.479 de la Conselleria de Medi Ambient fue demoledora. El inspector comprobó el 5 de marzo de 2003 que existía un camino que conducía a una vivienda absolutamente ilegal en zona ANEI. Rápidamente redactó un informe en el que se desprendía que se estaba cometiendo un delito contra la ordenación de territorio. Después, incluso, coincidió con otro inspector, del Consell de Mallorca. Ambos acudieron al Ajuntament para comprobar si la obra tenía licencia municipal. Por supuesto, carecía de los permisos pertinentes.
A preguntas del juez, el inspector ratificó que presentó la denuncia ante la Conselleria de Medi Ambient, y que desconoce el destino que le dieron. Recordó que por una circular interna, los agentes de Medio Ambiente no ponen las denuncias en conocimiento de la Fiscalía de Balears, sino que deben dirigirse a la Conselleria o a la Dirección General, que deciden si lo denuncian como delito o falta administrativa.
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