El diputado socialista Antoni Diéguez lo consideró un «fraude de ley» y conminó a los dirigentes del PP a cambiar la actual normativa si consideran que la vigente no es adecuada. «Es una chapuza», aseguró el dirigente del PSIB-PSOE, quien no obstante se preguntó si no es mejor «el remedio» de mantenerlos como asesores frente a «la enfermedad» de nombrar nuevos directores generales en el Ejecutivo.
Para la portavoz del PSM en el Parlament y candidata del Bloc al Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, la única explicación que tiene la decisión tomada por Jaume Matas es que el Ejecutivo quiere mantenerles el sueldo hasta el nombramiento del nuevo Govern. «Les mantienen el sueldo para que sigan cobrando y así puedan hacer campaña a favor del PP», opinó la diputada nacionalista.
Mascaró consideró «lógico» que se recoloque como asesor a alguno de los directores generales que en estos momentos están gestionando asuntos de trámite, como los expedientes de escolarización de alumnos. Sin embargo, el hecho de que se contrate a todos los dimitidos, es un «fraude de ley» en opinión de Mascaró.
Bartomeu Vicens, miembro de la ejecutiva de UM, opinó que la decisión de Matas es un «típico truco de prestidigitador» y un «fraude». Añadió que el PP trata de dar una imagen de ética al forzar la dimisión de estos altos cargos, cuando la realidad es muy diferente ya que seguirán en sus puestos en las diferentes conselleries aunque de forma más o menos encubierta. «El anuncio de dimisión no ha sido más que una manera de salir en los periódicos», dijo.
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