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Los consejeros del Consell Consultiu (máximo órgano jurídico de consulta de la Comunitat Autònoma) no están sujetos por ley a ninguna incompatibilidad profesional pese a decidir sobre cuestiones sensibles en las que, incluso, pueden estar implicados, como se ha puesto de manifiesto en el caso de su presidente Miquel Coll, de 92 años, que deberá comparecer como imputado ante el juez que investiga el 'caso Andratx' tras haber sido imputado por la Guardia Civil por un presunto delito de «tráfico de influencias».

Los consejeros del Consultiu sólo se guían por la incompatibilidad moral, es decir que han llegado a abstenerse en algunas ocasiones aunque la ley no detalla sus incompatibilidades. Fuentes próximas a la institución han explicado que Coll se ha abstenido cuando se han discutido cuestiones vinculadas a los aparcamientos de Palma, con cuya propiedad está relacionado, o que Rafael Perera sale de la sala cuando se habla de Andratx.

Coll ha presidido el Consultiu en dos ocasiones: en 1993, cuando se creó, y en octubre de 2004, cuando sustituyó al socialista Joan Oliver Araujo, que lo presidió durante la época del Pacte.