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M.JUNCOSA/S.CARBONELL/N.DOMBLÀS
En los últimos cuatro años se ha producido un incremento exponencial de la obra pública en Balears que ha podido ser acometida como consecuencia del incremento de ingresos generados por el recurso a la deuda pública, la modificación del sistema de financiación autonómica y por los convenios firmados entre el Govern y el Gobierno central, ante cuya rescisión por parte de Madrid el Ejecutivo balear ha interpuesto recursos judiciales y ha decidido adelantar los fondos. Tal es el caso de algunas carreteras.

Los proyectos más caros de la legislatura que termina han sido los hospitalarios, que en su globalidad supondrán una inversión de 762'2 millones de euros. De esa suma, la gran mayoría corresponde al polémico proyecto de Hospital de Son Espases, que pese a que inicialmente se adjudicó a la constructora madrileña OHL, que preside Juan Miguel Villar Mir, fue finalmente adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcción S.A. y las mallorquinas Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. por un importe de 633 millones de euros.

Los hospitales de Inca, Menorca y Formentera, ya inaugurados, han supuesto inversiones mucho más reducidas, de entre 12 y 68 millones. Los adjudicatarios han sido en estos casos Dragados y Melchor Mascaró, en Inca, y OHL en Maó.

El Govern balear ha acometido esta legislatura quince proyectos de carreteras y autopistas que han supuesto una inversión de más de 300 millones, sin tener en cuenta dos proyectos en Eivissa y el desdoblamiento de la carretera de Manacor acometido por el Consell de Mallorca, que serán financiados mediante el sistema de 'peaje en sombra'.

En general, estas infraestructuras han sido adjudicadas a uniones temporales de empresas en las que las sociedades de las Islas han participado de forma minoritaria.

El tercer grupo de grandes inversiones han sido la construcción del metro, el soterramiento de las vías del tren y la estación intermodal de Palma, que han supuesto un inversión de unos 225 millones.

Los adjudicatarios en la inmensa mayoría de los contratos de obra pública han sido uniones temporales de empresas participadas muy mayoritariamente por grandes constructoras peninsulares, tales como las citadas Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados o Sacyr, entre otras. Según informa la Asociación de Constructores de Balears, la participación máxima de empresas baleares en estas uniones temporales es del 40 por ciento, mientras que la media se sitúa entre el 10 y el 20 por ciento.