El arquitecto Rafael Balaguer Galmés, director de la Oficina de Información Deontológica del Colegio de Arquitectos de Balears, se ratificó ayer ante el juez instructor del 'caso Andratx', Àlvaro Latorre, del contenido de su informe pericial sobre una licencia municipal promovida por el ex alcalde del municipio Eugenio Hidalgo para ampliar un almacén agrícola y transformarlo en una vivienda.
La obra se ejecutó sobre terreno protegido (ARIP), y por ello, el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, imputa tres delitos a Hidalgo: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. En la declaración de ayer, el perito enumeró todas las irregularidades que observó en el proyecto de Hidalgo, que además contó con informes favorables del ex jefe de Urbanismo de Andratx Jaume Massot, del ex celador municipal Jaume Gibert, el abogado Ignaci Mir y el ingeniero agrónomo Gabriel Cañellas.
La infracción urbanística consiste en la realización en la nave de divisiones interiores, cuarto higiénico, bancada de obra, armarios, altillos y dos porches. Tras la apertura de un expediente, la arquitecta municipal Cinta Moyá dictaminó que esas obras no eran legalizables, y se propuso una sanción de 15.736 euros.
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