TW
0

Los propietarios de Puerto Portals, Klaus Graf y Margarita Bimboese Von Trot, justificaron ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, su decisión de impedir el amarre en las instalaciones de ese complejo del 'megayate' 'Clarena', propiedad del multimillonario madrileño Francisco Hernando 'el Pocero'.

Los Graf declararon que se habían limitado a rescindir el contrato del amarre de la embarcación, y negaron que tras esa decisión hubiese existido el ánimo de «coaccionar» a Hernando, tal y cómo afirma éste en la querella criminal que presentó en octubre de 2006. Los abogados de 'el Pocero' -del bufete madrileño Sanz- presentaron la querella contra los principales accionistas de Puerto Portals por la cancelación de los contratos de amarre del 'Clarena' y del 'Clara'. Además de una supuesta coacción, la defensa del magnate alegó un «ejercicio arbitrario del Derecho» en la decisión de los propietarios.

El juez archivó la querella con la opinión favorable del Ministerio Fiscal, pero la Audiencia de Palma revocó esa decisión y ordenó la práctica de nuevas diligencias.

Este pleito coincidió, prácticamente, con una causa que ahora se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Balears, ya que 'el Pocero' apeló la decisión de una jueza sobre la propiedad de Puerto Portals. Hernando llevó a los tribunales un contrato que, según sus abogados, le concedía la propiedas de esas instalaciones náutico-deportivas por 9 y n o los 110 millones de euros que pedían los Graf.

El letrado de Hernando, José Luiz Sanz, insistió ayer ante el juez en los motivos esgrimidos por su cliente en la querella contra los Graf por presuntas coacciones. Según pudo saber este diario, el abogado alegó que una vez planteado el pleito civil (por la propiedad de Puerto Portals), recibieron una notificación en que les comunicaban que los contratos de amarres de los barcos quedaban extinguidos. Todo ello, pese que el 'Clarena', por ejemplo, estaba en el puerto de los orígenes de la instalación deportiva. Por eso, según la tesis de la defensa de 'el Pocero', resultó sorprendente que, sin ofrecer ninguna razón plausible, les exigieran que abandonara el puerto. Asimismo, y con respecto a las presuntas coacciones, el abogado de Hernando insistió en que los propietarios del puerto aprovecharon que los barcos estaban en el varadero, por necesidad técnica, para recuperar los amarres, supuestamente por la fuerza.