La Oficina de Investigación Patrimonial, dependiente del juzgado decano de Palma, tramita una media anual de más de 16.000 peticiones formuladas por los jueces de lo civil y penal para conocer el patrimonio de los ciudadanos que son objeto de causas judiciales.
Esa cifra supone un nuevo récord de actividad de la Oficina, situada en los Juzgados de Vía Alemania y que dispone de una plantilla formada por dos funcionarios, más uno de apoyo. Todos ellos dependen del juez decano de Palma, Francisco Martínez.
La obtención de los datos se realiza a través de sistemas informáticos y, para ello, la Oficina está conectada de forma permanente con la delegación balear de la Agencia Tributaria. Este organismo facilita los datos principales de las personas investigadas en algunas de las causas abiertas en los juzgados de lo penal y lo civil.
Hace muy pocos meses atrás, la Oficina también estaba conectada con la Jefatura de Tráfico y la Seguridad Social, pero ya no es necesario, según explicó uno de los funcionarios a este diario, ya que los propios juzgados pueden acceder a la información debido a que están conectados con ambos organismos.
En la mayoría de las ocasiones, basta un clic del ratón del ordenador para averiguar el patrimonio de la persona investigada y, de esas manera, los jueces obtienen una información veraz y objetiva.
Desde su implantación, en 1998, la aportación que realiza la Oficina de Investigación Patrimonial es muy valorada por los jueces y funcionarios de los juzgados, ya que en ocasiones, una misma persona tiene varias causas abiertas en varios juzgados, y ello dificulta el correcto tratamiento de la información.
Pero, desde que las peticiones de los jueces se canalizaron a través de la Oficina, los datos son obtenidos en un plazo mínimo de tiempo y con el máximo de garantías.
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