El juez de lo Mercantil de Palma declara la primera suspensión de pagos de un ciudadano divorciado

Este mecanismo, utilizado por primera vez en Balears por uno de los cónyuges de un matrimonio roto, paraliza todo procedimiento de embargo, reserva un mínimo de recursos básicos para la persona que lo ha solicitado y el resto se ha puesto a disposición del concurso de acreedores.

El juez procedió a nombrar a un administrador concursal que se ha hecho cargo de las finanzas del divorciado. Éste ha apelado a la nueva Ley Concursal que le otorga el mismo trato que a una empresa.

Hasta ahora, el juez de lo Mercantil de Palma se ha pronunciado sobre tres concursos voluntarios de familias en Balears, pero éste es el primero que afecta a un divorciado.

La Ley Concursal permite, desde septiembre de 2004, a personas físicas y jurídicas ordenar su economía para hacer frente a las deudas.
La abogada Consuelo Pau, especialista en Derecho de Familia, dijo sobre el caso del divorciado que ha acudido al juez que en general, «todas las separaciones o divorcios empobrecen a las dos partes, por la obligada división del patrimonio familiar».

«Normalmente, afecta más al cónyuge o el progenitor no custodio, porque aparte de tener que abandonar su vivienda, casi siempre, tiene que pagar unos alimentos para los hijos y en algunos casos, pensión compensatoria para la mujer», explicó.

La letrada insistió en que la justicia puede retener la nómina del progenitor custodio para aegurar el pago de la pensión alimenticia.
«No conozco ningún caso en que se pueda evitar el pago de la alimentación. En el caso de ese divorciado, el hecho de haber acudido al juez le puede servir de base para que no le interpongan una querella por delito de abandono de familia, ya que quiere pagar, pero no puede», dijo .

La Asociación de Padres Separados de Balears (Apfs) se quejó en su momento ante el juez decano de Palma, Francisco Martínez, de que las pensiones de alimentos establecidas en las sentencias de divorcio en las Islas son «sustancialmente superiores» a las fijadas en otras zonas de España con nivel de vida similar.

Apfs presentó al juez decano los resultados de un estudio sobre «las condiciones de vida de los divorciados» de las Islas.
La Apfs considera que el hecho de que las pensiones alimenticias decretadas en Palma dupliquen a las que se ordenan en capitales similares «genera la ruina económica de muchos padres separados».