El juez que investiga la supuesta comisión de hasta tres delitos -prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias- en el Plan Territorial de Mallorca (PTM), norma urbanística aprobada por el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca en 2004, interrogará mañana, lunes, en calidad de imputados al protavoz de UM Bartomeu Vicens y a los promotores Mateu y Cristóbal Sastre.
Vicens tuvo una participación destacada en la redacción del PTM y ha negado las declaraciones realizadas ante el juez del antiguo propietario de unos terrenos en Alcúdia, Joan Llull, que vendió a Mateu Sastre de la promotora Son Dameto. Llull afirmó que supo que sus terrenos «saldrían de la moratoria» porque así se lo dijo el ex conseller insular. Vicens negó ese extremo de manera rotunda.
Mateu y Cristóbal Sastre, asimismo, declararán por la adquisición de la finca de Llull, una compraventa que cerraron por 6 millones de euros, veinte días antes de que los terrenos fueran incluidas en una Àrea de Reconversión Territorial (ART).
En la causa, que se investigó bajo secreto durante dos meses, han declarado en calidad de testigos, hasta ahora, varios promotores, técnicos y especialistas en urbanismo tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Balears a instancia del Grup d'Ornitologia de Balears (GOB).
El próximo día 23 de mayo, asimismo, comparecerán en el juzgado el ex conseller d'Medi Ambient en el anterior Govern de Jaume Matas, Jaume Font y el propietario del Grup Drac y presidente del Mallorca, Vicenç Grande.
Una de las claves de la investigación dirigida por el juez con la colaboración del Ministerio Público, han sido las Àreas de Reconversión Territorial (ART), donde se negociaron recalificaciones de terrenos de rústicos a urbanizables que, en algunos casos, finalizaron con promotores obteniendo plusvalías millonarias.
La aplicación de las ART, siempre mediante el Plan Territorial de Mallorca, «posibilita la urbanización de 160'5 nuevas hectáreas de suelo rústico a través de esponjamientos o desclasificación de suelos urbanos o urbanizables degradados, suspendidos por el planeamiento, desclasificados o incluso ilegales, o de compra de edificaciones obsoletas, amortizadas o incluso ilegales», según la denuncia del GOB.
Los municipios investigados son Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia. Precisamente, agentes judiciales de la Guardia Civil se incautaron de toda la información relativa al PTM en esas localidades durante la primera fase de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
De las 160'5 hectáreas previstas en las ART, hay que sumar las más de 2.000 hectáreas que se prevén como de futuro crecimiento urbanístico en los tres planes insulares de Balears, de los cuales casi 1.500 serían en Mallorca. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, las plusvalías generadas en las ART ascendieron a 297 millones de euros.
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