Tres testigos, Jaime Bibiloni, Damián Tomás y Juan Cerdá, declararon ayer ante el juez instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', Miquel Florit, por unos terrenos que los dos primeros adquirieron en Campos y que son objeto de investigación en la causa.
Bibiloni y Tomás explicaron que habían constituido las sociedades Mirador d'Es Trenc y Cases de sa Rápita para adquirir a la familia Oliver, por 14 millones de euros, unos terrenos incluidos en una Àrea de Reconversión Territorial (ART), y por tanto, urbanizables a través del Plan Territorial de Mallorca.
La operación se hizo efectiva en febrero de 2006 e inmediatamente los compradores hipotecaron el terreno por 10'5 millones de euros, según declaró Jaime Bibiloni. Juan Cerdá, por su parte, fue el asesor fiscal en la operación.
La cesión de la vaquería de Campos, sin ningún valor urbanizable y donde se prevé construir un Centro de Interpretación de la Naturaleza y un aparcamiento, y la posterior recalificación de los terrenos adyacentes, habrían propiciado un 'pelotazo' de casi 70 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
Bibiloni y Tomás tuvieron la condición de imputados, en un primer momento, pero el propio Ministerio Fiscal solicitó al juez que, a la vista de lo investigado en la últimas semanas, y tras comprobar que no existían indicios incriminatorios contra ellos, comparecieran como testigos.
Damián Tomás declaró que no le «constaba» que la familia Oliver, de la que también forma parte Gaspar Oliver, ex conseller de Comerç, Indústria y Transport, ex alcalde de Llucmajor y diputado del PP, hubiese adquirido algún derecho indemnizatorio de parte de los terrenos e insistió en que el PTM recogió, de alguna manera, los mismos parámetros de aprovechamiento que ya venían en el Plan General de Campos de 1991, llamadas Normas Subsidiarias.
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