Hacía tres años que las cuentas del Estado no eran negativas. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, indicó ayer que la crisis ya está haciendo mella en los recursos públicos y en el primer semestre del año ya se ha contabilizado un déficit de 4.683 millones de euros, el 0'42 por ciento del Producto Interior Bruto, el desfase existente entre los 66.934 millones de euros ingresados y los 71.617 millones gastados.
Ocaña ha manifestado que los datos son consecuencia de la situación actual en la que se encuentra la economía española, afectada por la desaceleración de la economía, que afecta de una manera especial a todo el sector inmobiliario, y el incontenible alza del precio del petróleo. Llama la atención que en los datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda no están contemplados los 3.000 millones de la deducción de 200 euros en el IRPF de los asalariados.
Hay que convenir con el secretario de Estado en que los resultados no son una sorpresa, habida cuenta de la evolución de la economía española. Cuestión distinta es la valoración que merece el Gobierno ante esta coyuntura. Hasta el momento, ninguna de las medidas presentadas ha sido capaz de aliviar la sensación de desplome económico que, en principio, se debía circunscribir al sector inmobiliario para, con una celeridad inusitada, ir contaminando a todo el conjunto de la actividad económica.
Los datos macroeconómicos evidencian la acentuada debilidad de España frente al conjunto de la Unión Europea, fruto de una apuesta irracional por el 'ladrillo' para dejar al margen la necesaria diversificación y la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Ahora se están viendo los resultados que, no debe olvidarse, llevan aparejado un elevado coste social.
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