Las cifras del desempleo en Balears, dadas a conocer ayer, ofrecen el aspecto más duro y descarnado de la crisis económica. Cerca de cuarenta mil ciudadanos de las Islas no tienen trabajo, el 7'8 por ciento de la población activa, y, lo que todavía resulta más desalentador, en el futuro no parece que vaya a cambiar su situación. Al contrario, las previsiones al término de la presente temporada turística cifran en torno a las setenta mil la cifra de parados en nuestra Comunitat Autònoma; setenta mil dramas personales.
Tal y como se expresan los responsables políticos, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, denotan una manifiesta incapacidad para plantear medidas eficaces para frenar esta permanente destrucción de empleo que, en principio, se atribuye al desplome del sector de la construcción pero que, poco a poco, está extendiéndose al resto de los sectores productivos. Esta crisis está cogiendo con el pie cambiado no sólo a los empresarios, también a los políticos. El paro es el elevado coste social que hay que asumir en esta coyuntura de la que España no sabe cómo salir.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, trata de mantener la esperanza de una ligera recuperación a costa de una reducción del precio del petróleo "más de 20 dólares en las últimas semanas", circunstancia que permitirá contener, en cierta medida, la inflación que, a pesar de todo, a final de año se situará en un elevado 4 por ciento.
En este contexto se hace inevitable insistir en la necesidad de arbitrar medidas que permitan recuperar la confianza a los empresarios e inversores, los únicos motores de la economía capaces de generar nuevos puestos de trabajo.
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