Cada año, el Consell interpone sanciones por irregularidades urbanísticas por valor de más de un millón de euros. Sin embargo, sólo recauda el 30 por ciento del total debido a los problemas que existen a la hora de cobrar, ya que los propietarios recurren a la vía judicial para no pagar, circunstancia que alarga y demora el proceso. Una situación muy parecida a lo que sucede con las órdenes de demolición que dicta la institución insular, que sólo cumplen un 10 por ciento de los propietarios.
La consellera de Territori, Maria Lluïsa Dubon, aseguró ayer que empieza a haber «un progresivo cambio de conciencia entre la sociedad isleña» en lo que concierne a la indisciplina urbanística. Un hecho que justificó con el «aumento de los derribos voluntarios» que se han ejecutado este año. De esta manera, en 2008 tres propietarios han optado por demoler las construcciones ilegales detectadas por el Consell, una circunstancia fruto «del trabajo llevado a cabo por el departamento en los últimos diez años». En la actualidad, hay unos 80 expedientes de demoliciones pendientes de ejecutarse. De estos 80 casos, Territori ha seleccionado unos 15 para comenzar. Tras superar los primeros trámites, se han eliminado algunos expedientes por problemas técnicos y se han elegido entre 7 y 8, en los que ya se está trabajando para que se demuelan antes de que acabe el año.
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