P. Candia16/09/08 0:00
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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Balears ha trasladado al titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, una protesta oficial por el nombramiento de Jorge Sainz de Baranda como administrador concursal de la suspensión de pagos presentada por el presidente del Grup Drac, Vicenç Grande.

En una carta enviada a principios de septiembre, y dirigida, también, con carácter confidencial a todos los letrados del sector concursalista, la Junta de Gobierno recuerda que «el administrador que representa a los abogados en el concurso de acreedores, no forma parte de la lista oficial de ese colegio, tal y cómo es preceptivo».

Aunque la Junta de Gobierno no menciona el nombre del abogado, este es Jorge Sainz de Baranda, colegiado ejerciente desde 1994, aunque en 2004 se dio de baja para desempeñar el cargo de director general de Tributos del Govern de Jaume Matas. Posteriormente, en 2007, volvió a darse de alta. Es decir, no habría ejercido como letrado en los últimos cinco años, como exige la Ley Concursal.

En los círculos de abogados ha llamado poderosamente la atención el contenido del escrito de protesta, y algunos profesionales han dejado entrever que esa decisión de la Junta de Gobierno demuestra las profundas diferencias que ha suscitado el nombramiento de los tres administradores concursales de Grande. Los otros dos son Raimundo Zaforteza y Salvador Fornés, que representan a los acreedores y economistas, respectivamente.

También, destacan que el decano del Colegio, Joan Font, es el abogado defensor de Vicenç Grande en el proceso judicial que lleva Mercantil 1.
Por otra parte, un acreedor de Vicenç Grande ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del juez de rechazar una impugnación contra el nombramiento de Sainz de Baranda, y otra de las empresas personadas en el concurso ha impugnado a Raimundo Zaforteza.

En el caso del administrador que representa a los acreedores, el recurrente ha alegado que existe una supuesta incompatibilidad en el ejercicio de las funciones de representante de los acreedores por parte de Zaforteza.

El juez deberá decidir si admite, o no, ambos recursos. Mientras tanto, los administradores concursales siguen recibiendo comunicaciones de créditos reclamados por los acreedores.