Por esta vía, el Govern consigue aglutinar la oferta de plazas en una única red de atención a la dependencia y permite que estas plazas supongan un coste cero para los ayuntamientos, que tendrán una mayor disponibilidad económica para poder invertir en otros servicios sociales.
La condición del Govern -que comenzará a asumir las plazas de centros de día- para hacerse cargo de la financiación es que la persona que ocupa la plaza de un centro de día sea dependiente. Así, si la persona es valorada como dependiente, en virtud de la aplicación de la Ley de Dependencia, el ayuntamiento recibirá un máximo de 40 euros por día y plaza; a esos 40 euros se aplicará el copago, es decir, si por la pensión que recibe a la persona le toca pagar 2 euros, el Govern pondrá los 38 restantes.
Por tanto, cada ayuntamiento, detalló la consellera, podrá decidir cuántas plazas de centros de día quiere poner a disposición de la red pública de atención a la dependencia. «El municipio se puede quedar un determinado número de plazas que ahora mismo están ocupadas por personas no dependientes u otras sin ocupar para sus urgencias, y todas ellas seguirán siendo pagadas por el municipio y el usuario».
En estos momentos existen unas 600 plazas de centros de día, de las que el Govern podría asumir cerca de 500 (descontando las que los ayuntamientos se reserven), que suponen un coste global de casi 7 millones de euros al año, dinero a pagar del que desde ahora se liberará a los municipios.
Este mismo proceso, añadió la consellera, se llevará a cabo más adelante con las plazas de residencias. Pero, de momento, muchas de ellas no están autorizadas o lo están para personas válidas (no dependientes), por lo que «primero tenemos que iniciar un proceso de autorización de plazas, para lo cual hace falta conseguir financiación».
Pero las novedades van más allá, y además, cambiará el actual modelo, que fue implantado por el PP, relativo a la construcción de centros de día, por el que los municipios eran los encargados de adelantar el dinero para la creación de nuevos centros, capital que luego el Govern les iba devolviendo durante 20 años. «A partir de ahora, una vez firmado el convenio con el Estado, lo que haremos será construir directamente nosotros los centros de día, que serán patrimonio del Govern, aunque se cederá la gestión a los ayuntamientos». «Y es que el Pla 20, que creó el PP, obliga a los municipios a endeudarse para construir centros, y por tanto se perjudica a la administración más débil de la cadena», reconoció Santiago. Palma será uno de los municipios más beneficiados por el plan de construcción de centros de día, porque actualmente no existe ninguno que dependa del ayuntamiento -La Bonanova y Reina Sofía dependen al Consell de Mallorca- y la intención es construir quince o veinte centros nuevos en la capital balear.
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