El Gobierno ha aprobado unos Presupuestos Generales del Estado para 2009 que contemplan un ligero incremento del gasto público, un 3'3%, que realmente se reduce a un 2% si se descuenta lo que debe destinarse al desempleo; y un incremento del déficit del 1'5%. Son, en sus inicios, las cuentas más austeras que presenta un Ejecutivo en muchos años. Y, si bien es cierto que, dadas las circunstancias, los equilibrios son complejos y que la mayor crisis que padece el mundo en décadas obliga a reajustes notables, los problemas de fondo de la economía española no se atajan de raíz.
La tasa de paro va a crecer por encima de la media europea y la demanda exterior no podrá suplir al consumo interno, desplomado por mor de las carencias y apreturas a las que se enfrentan las familias desde hace meses. A ello hay que sumar la crisis crediticia internacional, que también golpea al sector financiero nacional, a pesar de su fortaleza.
En esta especial tesitura, las cuentas para 2009 deberían haberse elaborado para atenuar la severidad de la crisis. Y, aunque el margen de maniobra es escaso, el Ejecutivo se enfrenta a la difícil tarea de mantener el estado de bienestar, en especial los subsidios por desempleo, y, al mismo tiempo, hacerlo con una importante merma en sus ingresos, lastrados por una economía que cada vez crece menos.
Sin que esta sea una tarea fácil, no queda otra salida. Ahora, durante el trámite parlamentario, deberían subsanarse las carencias de estos presupuestos, pero debería contarse con el máximo acuerdo. Y es que la excepcionalidad de la situación debería obligar a un enorme ejercicio de responsabilidad de toda la clase política.
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