Un 90% de beneficiarios de viviendas protegidas no las puede comprar

El 90 por ciento de los ciudadanos adjudicatarios de una vivienda de protección oficial han desistido de su compra en la única promoción pública en régimen de compraventa y con concurso abierto que hay en Mallorca, la mayor parte por la imposibilidad de obtener financiación por parte de bancos y cajas de ahorros.

Estos datos corresponden a una promoción de 173 viviendas protegidas ejecutada por promotores privados y adjudicadas por el Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), organismo dependiente de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, una colaboración público-privada que se deriva de un convenio firmado en la pasada legislatura por el Govern del Partido Popular.

Según informa la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, un total de 970 ciudadanos han optado a la compra de uno de estos pisos, de los que 437 fueron siendo remitidos a bancos y cajas de ahorros para realizar la compra. El Govern informa que de esos 437 ciudadanos, sólo 46 han cerrado la operación.

Desde el Ibavi afirman que no tienen constancia de los motivos por los que estas personas no llegaron a comprar el piso, aunque constatan que buena parte han tenido que desistir ante la imposibilidad de conseguir financiación.

Bancos y cajas de ahorros confirman que existe un problema en cuanto a la contratación de hipotecas por parte de ciudadanos adjudicatarios de viviendas de protección oficial. El problema principal es que los ingresos de estos ciudadanos son insuficientes para pagar los precios de las viviendas en cuestión, máxime en el actual contexto de crisis financiera.

Desde la Conselleria que dirige Jaume Carbonero afirman que son los promotores quienes fijan los precios, dentro de los baremos establecidos por el Gobierno ce central para este tipo de viviendas, aunque aseguran que están en desacuerdo con la fórmula adoptada por el anterior Govern del Partido Popular y que no la repetirán.

Por esta razón, la Conselleria que dirige Jaume Carbonero ha optado por potenciar las viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento e impulsar pisos más pequeños en cuanto al régimen de compraventa.

Como se recordará, la Conselleria d´Habitatge i Obres Públiques ha elaborado un plan de vivienda pública que prevé la construcción de 5.000 pisos a precios tasado en la presente legislatura. Para este objetivo, el Ejecutivo ha adquirido solares y edificios en construcción a promotores privados y ha convocado un concurso para la adquisición de suelo, ya que la falta de terrenos es el principal problema del Govern balear para desarrollar su política de vivienda.

Los precios máximos de la vivienda de protección oficial, que pueden promover tanto empresarios privados como administraciones públicas, están establecidos por el Ministerio de Fomento y dependen de una serie de baremos, el principal es la superficie, pero también hay una clasificación de municipios y otros factores. La diferencia entre el promotor privado y el público es que el primero busca poner el precio más elevado para hacer rentable su inversión, de ahí los problemas de financiación.