Matas creó 80 empresas, consorcios y organismos públicos en su último mandato

Dos conselleries, la de Hisenda y la de Presidència trabajan en esta nueva iniciativa legal que pretende unificar las contrataciones y la fiscalización contratos y cuentas en empresas públicas, empresas instrumentales y consorcios públicos, como el polémico CDIB.

Carles Manera, molesto con las alusiones constantes del PP a la necesidad de recortar cargos públicos, rompió ayer su silencio de estos días y se preguntó qué «como es posible que digan esto cuando en el último mandato de Matas se produjo una orgía de crecimiento del sector público».

Bitel o Turismo Jove
Igual que el CDIB, otros casos relacionados con la presunta corrupción en la última etapa del PP han tenido su origen en empresas u organismos públicos, como Bitel o Turismo Jove.

Los servicios jurídicos de Hisenda y Presidència ya se han puesto a trabajar en la redacción de esta ley.
Las empresas y organismos públicos llevan su propia contabilidad y escapan al control del Parlament aunque si son auditadas periódicamente por la Sindicatura de Cuentas.

A raíz de los últimos escándalos, desde el Govern se ha constatado que las empresas funcionaban como «auténticos reinos de taifas» y que, en ocasiones, ni el propio responsable político, parecía tener idea de lo que pasaba. Sus responsables, por ejemplo, disponían de privilegios que los conseller no tienen: es el caso de la utilización de tarjetas de crédito y similares.

El Govern no tiene previsto, por el momento, reducir las empresas públicas aunque no descartar fusionar unas con otras.
Una de las razones que llevan al Govern a no tocar de momento las empresas es que, antes, quiere tener sobre la mesas una serie de auditorías que ha encargado. Además, ya está en fase de elaborar los Presupuestos. En los próximos Presupuestos se incluirán las mismas empresas que existen en la actualidad.