El Govern concederá hasta un máximo de 3.000 euros como ayudas de urgencia social a determinadas familias que presenten situaciones de emergencia derivadas de la actual crisis económica, con el objetivo de que puedan cubrir sus necesidades básicas, como el alojamiento y la ingesta de alimentos, y se evite así una mayor vulnerabilidad de las circunstancias en que viven.
Así lo anunció ayer, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, quien especificó que esta medida se incluye en el Plan Autonómico de Ayudas Económicas de Urgencia Social aprobado en la reunión del jueves y que consistirá en la aportación de ayudas puntuales y no permanentes por un determinado período, dependiendo de cada familia.
En concreto, trabajadores sociales municipales se encargarán de valorar semanalmente la situación que atraviesan estas familias para determinar las ayudas que necesitan y que se acentuarán en el caso de que haya menores.
Se trata de una iniciativa que arranca con una cuantía inicial de 1'5 millones de euros y cuyas ayudas van destinadas a familias que nunca antes se habían visto en la necesidad de acudir a servicios sociales municipales o eran usuarias de forma muy ocasional.
Unas personas y unas familias que hoy en día, en cambio, por la reducción de sus ingresos y la pérdida del puesto de trabajo, afirmó la consellera, no llegan a final de mes hasta el punto de no poder pagar servicios básicos como la alimentación, el alojamiento, los gastos de la casa y el transporte, servicios a los cuales, antes de la actual coyuntura económica, podían hacer frente «sin graves problemas».
Para recibir estas ayudas, la persona usuaria debe dirigirse a los servicios sociales municipales, que le facilitará una solicitud para pedirla. Los servicios sociales municipales harán un informe y una propuesta que remitirán a los Consells. Una comisión técnica integrada por miembros de la Conselleria, el Ayuntamiento de Palma y de Consells valorará semanalmente estas solicitudes y, una vez aprobada la ayuda, se aportará al consistorio correspondiente el dinero para abonarlo.
No obstante, Santiago puntualizó que ésta no es una ayuda destinada a personas y familias que ya eran usuarias de los servicios sociales porque se encontraban en una situación de exclusión y pobreza y que, para hacer frente a su situación, ya recibían y reciben toda una serie de ayudas especializadas.
Por su parte, el presidente del Govern, Francesc Antich, también presente en la rueda de prensa, manifestó que este Plan responde a las mejoras puestas en marcha por el Govern para paliar las dificultades económicas y ayudar a quienes antes se han visto afectados por la crisis.
«Es necesario cubrir las necesidades básicas», enfatizó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien recalcó la necesidad de reactivar la economía y dar respuestas sociales a quienes lo necesitan, uno de los objetivos prioritarios del Govern.
Por otro lado, el Consell de Govern aprobó ayer el nuevo Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que sustituirá la actual normativa de 1987 y que contempla el desarrollo, en un plazo de 18 meses, de una cartera de servicios que situará a las Islas como la comunidad líder en materia de servicios sociales.
Así lo apuntó, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, quien explicó que este anteproyecto cuenta con un amplio consenso de entidades, asociaciones, administraciones y grupos parlamentarios, y está previsto que en breve inicie el trámite parlamentario.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.