La empresa H. Gutiérrez S. A. apenas tuvo siete meses de existencia en los que iba a fabricar calzado en Inca para exportarlo luego a Libia. La historia de su quiebra se prolonga durante un cuarto de siglo. Ayer se inició en la Audiencia Provincial de Palma la vista del juicio oral contra los máximos responsables de la compañía, acusados de un delito de quiebra fraudulenta, 24 años después de que se declarase el cierre de la compañía.
La lentitud de la administración de justicia queda bien clara en un proceso que arrancó en 1984. En octubre de ese año, dos acreedores pidieron la declaración de quiebra necesaria de la sociedad. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en los seis meses en los que tuvo actividad, la sociedad generó un pasivo superior a los 260 millones de pesetas de las de entonces. No fue hasta ocho años después, en 1992 cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Inca declaró que el proceso había sido fraudulento. La Audiencia Provincial de Palma ratificó esta sentencia en 1997.
De acuerdo con la acusación, el agujero se produjo al falsearse el activo con cifras inexactas. Pese a la situación de la compañía, los acusados no sólo no instaron a una quiebra voluntaria, sino que «de modo malicioso» aprovecharon que la sociedad estaba domiciliada en Valladolid para presentar un expediente de suspensión de pagos en la ciudad castellana.
Al existir expedientes en dos provincias distintas, el sumario inició un camino con varias idas y vueltas entre la Audiencia Nacional, la Provincial y los Juzgados de Inca. Además, se cruzan denuncias por delitos de estafa que lían aún más el proceso.
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