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Ayer comenzó el juicio del llamado 'caso Caballistas', que sentó en el banquillo a un total de diez alcaldes y ex alcaldes del Partido Popular, un teniente de alcalde y un concejal del mismo partido y dos funcionarios, todos ellos acusados de falsedad documental al emitir certificados solicitados por el ex primer edil de ses Salines Sebastià Vidal para lograr la declaración de interés social de unas edificaciones de su propiedad y así obtener su legalización.

La imagen del grupo de políticos encausados vuelve a ser un durísimo golpe para el Partido Popular, además de acrecentar el descrédito de la clase política en Balears.

A la espera de lo que dicte la sentencia, resulta obvio que las emisiones de los certificados son consecuencia de un evidente abuso de confianza por parte de Vidal respecto al resto de compañeros de partido, los cuales no dudaron en emitir unos certificados que, según denuncian las acusaciones, no se correspondían con la realidad. Éste es el núcleo central del juicio y sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia aplicando penas que pueden ser muy severas, de cárcel, suspensión y/o inhabilitación.

Sin restar importancia al asunto, no se puede hablar de una trama de corrupción en toda regla comparable a otros casos que se han registrado en los últimos meses. La mayoría de los acusados en el 'caso Caballistas' tenían un historial político irreprochable que ahora se ve mancillado por hacer un favor a un compañero. Han cometido un grave error: firmar un documento sin saber si era cierto lo que en él se decía y sin saber por qué "cabe suponer" se lo solicitaban.

Lo más grave continúa siendo la constatación de la existencia de personajes para los que su paso por la política no es más que un pretexto para obtener un beneficio personal, objetivo que les lleva a cometer irregularidades, incluso aprovechándose de sus propios compañeros o involucrando a funcionarios de su confianza.