Los servicios jurídicos han recomendado a la dirección de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED, la solicitud por vía judicial de la ejecución de la sentencia número 258 del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) de 9 de junio de 2008 que anuló el calendario de festivos autorizados para la actividad comercial aprobado por la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia para el año 2006, lo que supondría la solicitud de indemnizaciones económicas al Ejecutivo autonómico.
La patronal informa que en virtud a la citada sentencia solicitó «compensaciones» a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en la elaboración del calendario de festivos y domingos del año próximo, unos beneficios que no se han visto satisfechos, según afirmaron los servicios jurídicos de la patronal en las Islas.
Ante esta situación, los órganos directivos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Govern, según informan las mismas fuentes.
Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears decidió «anular esta actuación administrativa, al ser contraria a derecho». En concreto, el TSJB, tal y como sostenían las grandes empresas comerciales, estableció que la autorización de apertura comercial no estaba justificada desde el punto de vista del interés comercial o de los consumidores para las fechas 21 de mayo, 25 de junio, 15 de agosto y 24 de septiembre de ese año. Como se recordará, las grandes superficies acusaban a la Conselleria de Comerç, Industria i Energia, entonces dirigida por el 'popular' Josep Juan Cardona, de autorizar la apertura de ocho domingos y festivos para cumplir formalmente con la Ley de Comercio Minorista española pero elegir sólo cuatro jornadas con interés comercial para contentar a las patronales del pequeño y mediano comercio.
La amenaza de las grandes superficies se produce en pleno proceso de modificación de las leyes de comercio estatal y autonómica de comercio para su adaptación a la Directiva Europea de Servicios, más conocida como directiva Bolkestein.
La patronal de grandes superficies ha presentado alegaciones al Conselleria de Comerç, Indústria i Energia contra el borrador de la ley autonómica, que mantiene la exigencia de licencia autonómica para la apertura de grandes establecimientos comerciales en las Islas por cuestión de superficie y cuestiones de ámbito urbanístico y medioambiental.
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