04/01/09 0:00
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JUAN M. GIMÉNEZ
El pasado día 16 de diciembre dos ciudadanos de Palma presentaron sendas instancias dirigidas a la alcaldesa, Aina Calvo, para que sea retirado del salón de plenos el crucifijo que preside la estancia. Los dos ciudadanos justifican la retirada del símbolo religioso al considerar que «vulnera» los derechos fundamentales «reconocidos en los artículos 3'14 y 16.1 de la Constitución» que hacen referencia a la libertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y la igualdad. Los firmantes del escrito presentado en el Ajuntament recuerdan que la existencia de crucifijos en lugares comunes de establecimientos públicos atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y que si Cort no hace caso al requerimiento queda abierta la vía judicial.

Ultima Hora ha querido pulsar la opinión de los ciudadanos de Palma y en una encuesta realizada en la calle ha podido comprobar que no es un tema que preocupa especialmente a la ciudadanía, es más, la mayoría de los encuestados muestra cierta indiferencias sobre el tema, es más, a muy pocos les preocupa que los políticos tomen la decisión de retirarlo tras la denuncia presentada por unos ciudadanos: «No creo que sea un tema que preocupe especialmente a los ciudadanos con la actual situación que vive el país inmerso en una grave crisis económica», nos comentaba uno de los encuestados.

Ni los que se declaran cristianos practicantes consideran una cuestión importante la presencia de un crucifijo en el salón de plenos. La mayoría apela a la tradición para justificar su permanencia en el lugar donde lleva muchos años, aunque no emprenderían una cruzada para evitar que se retire si las fuerzas políticas deciden que es mejor quitarlo para no ofender a una minoría.

En lo que sí están más de acuerdo es en el hecho de que esto no se convierta en un circo y los políticos empiecen ahora un cruce de declaraciones que no llevan a ninguna parte. Es algo que se debe afrontar desde la tranquilidad y la reflexión y tomar la medida que sea necesaria si finalmente los denunciantes deciden emprender la vía judicial en el supuesto que la alcaldesa no decida tomar cartas en el asunto. Entonces será la Justicia la que tenga la última palabra como siempre cuando el diálogo no sirve para poner de acuerdo a las partes.

Así pues sólo queda esperar acontecimientos y ver quién mueve ficha primero y qué es lo que ocurrirá, aunque la impresión general es que a pocos ciudadanos les quitará el sueño pase lo que pase.