Durante 2008, Carrau y Horrach han hecho pasar por los tribunales a algunos de los políticos y empresarios más influyentes de Mallorca. Así lo hicieron en el «caso Plan Territorial», seguramente el más importante en el ámbito económico y urbanístico, con Joan Font (PP) y Tomeu Vicens (UM), que también ha ajustado las cuentas por el 'caso Son Oms'.
Los fiscales han dejado en evidencia la prepotencia de algunos cargos de la última legislatura del PP, como en las tramas de Turisme Jove y Bitel y en las investigaciones contra Rodrigo de Santos. Sólo el 'caso Scala' apartó la atención.
Este último año, Horrach y Carrau han alcanzado también dos objetivos judiciales pendientes: Las dos primeras condenas del «caso Andratx» y demostrar la culpabilidad de Lluc Thomàs y de Joaquín Rabasco.
Los fiscales han continuado o iniciado diligencias de unos 20 casos. Aparte de los mencionados, han trabajado en torno a la IB3 de Matas, la adjudicación de Can Domenge, la operación Relámpago, el archivo final del 'caso Ayudas y el (re)archivo del 'caso Nájera', las investigaciones sobre las licencias concedidas por dos funcionarios de Cort, y algunas operaciones contra mafias extranjeras y otras tramas de corrupción más desvinculadas de la política.
En la mayor parte de los casos de supuesta corrupción política, el ex presidente Jaume Matas y sus tentáculos han quedado cuestionados. Pero ahora parece que los fiscales se han propuesto hacer el camino más corto. El 'caso Palma Arena' ya está en manos de un juez, y pronto podría salpicar muy arriba. Y el otro nuevo asunto en manos de la Fiscalía es una ofensiva directa hacia el ex presidente: Investigan los «sospechosos» gastos personales de Matas en su casal de la calle de Sant Feliu.
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