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Q. TORRES
La nueva financiación autonómica no tiene cifras, pero algunas de las novedades que incorpora pueden cuantificarse. La actualización de la población a la hora de repartir los recursos, por ejemplo, tendría que suponer para Balears más de 700 millones anuales adicionales, según extrapolaciones hechas por la Generalitat catalana.

La estimación no tiene en cuenta la aplicación de criterios correctores, como el envejecimiento de la población o su dispersión, que sí estarán y perjudican a las Islas. También requiere que se amplíe la aportación del Estado al sistema, tal y como se ha comprometido el Gobierno central.

El elemento que explica que el actual modelo de financiación haya sido tan perjudicial para Balears es la gran diferencia entre el censo que reconoce el sistema y los habitantes reales de las Islas a los que el Govern tiene que prestar servicios, como la educación o la sanidad. Y eso se explica porque el actual sistema, aprobado el año 2001 por el PP, tomaba como referencia para repartir los recursos el censo del año 1999 y, a la vez, casi imposibilitaba que se actualizara en función de los crecimientos de población.

De esta manera, el modelo actual asigna a Balears una financiación para 821.820 habitantes, cuando actualmente la población de las Islas a la que el Ejecutivo autonómico tiene que prestar servicios es de 1.071.221 habitantes, un 30'3 por ciento más.

Si se aplica el incremento de población que han experimentado las Islas a la cantidad de financiación percibida el año 2006 (1.842'80 millones de euros), el último ejercicio liquidado, se observa que la cifra se tendría que incrementar en 739 millones.

Esta proyección ha sido publicada recientemente por El Periódico, citando fuentes del gobierno de la Generalitat de Catalunya.
La proyección, sin embargo, no tiene en cuenta que la población será ponderada con otros criterios, como el del envejecimiento de la población o su dispersión, tal y como ha adelantado el Gobierno central. A su vez, para que se hiciera efectivo, sería necesario que el Estado incrementara su aportación al sistema, como se ha comprometido.