Alicia Mateos10/02/09 0:00
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La Direcció General de Consum ha convocado una mesa de mediación para mañana miércoles con la intención de solucionar el conflicto que ha generado la nueva facturación mensual de la electricidad. En dicha mesa, que estará presidida por la Junta de Arbitraje, estarán presentes las direcciones generales de Consum, Indùstria y Energia, las asociaciones de consumidores de las Islas y Gesa-Endesa.

El director general de Consum, Diego González, explicó que el objetivo es «intentar buscar una salida mediada». En el caso de que no haya acuerdo, Consum tendrá que valorar si abre expediente sancionador a la compañía eléctrica.

Por otra parte, las asociaciones de consumidores y usuarios de Balears (Amas de casa y consumidores de Menorca, Nuredduna, Consumidores y Usuarios de les Illes Balears, Facua, Unió de Consumidores de España, UNAE Palma, Federación de asociaciones de vecinos de Palma, Fepae y Consumidores 2.0) presentaron ayer una reclamación colectiva, por lo que todo lo que se consiga será aplicado a todos los clientes de Gesa-Endesa. En este sentido, argumentaron que rechazan «la facturación emitida en los últimos meses de 2008 y el primer mes de 2009». Por ello, solicitan que el Govern exija a Gesa-Endesa que proceda a la «refacturación de las facturas emitidas erróneamente diferenciando claramente el consumo facturado a tarifa de 2008 y el facturado a tarifa 2009», que se eliminen los recargos y penalizaciones «que de forma unilateral y aleatoria ha procedido a realizar Gesa-Endesa» y que se proceda a la devolución inmediata mediante un ingreso en la cuenta bancaria de los usuarios afectados. Además, instan a Consum a sancionar a la compañía eléctrica.

Por su parte, representantes de Gesa-Endesa también se reunieron ayer con el director general de Consum, al que explicaron que en diciembre aplicaron la tarifa vigente en 2008 y que el incremento del 3'5 por ciento sólo lo han aplicado al mes de enero. Además, aclararon que la penalización por consumir más de 500 kilowatios/hora al mes entró en vigor el pasado 31 de julio, tras su publicación en el BOE. En este sentido, recordaron que se trata de una medida tomada por el Ministerio de Industria para fomentar un consumo responsable y reducir la contaminación.