El Govern ha elevado a 3'8 millones el desvío de pagos detectado en las obras del metro de Palma: 2'5 millones corresponden a «múltiples pequeñas obras» y 1'3 millones al pago sin contrato previo a la consultora Global PM, a la que se encargó el control y seguimiento de las obras durante la pasada legislatura, según afirmó el director general de Mobilitat, Antoni Verger.
En la edición de ayer Ultima Hora informó de un primer desvío presupuestario de 2'5 millones, extremo que confirmó Verger y especifica a qué se atribuye ese desvío. Se trata de muchas obras de diferente cuantía que aparecen certificadas pero que en realidad no se llevaron a cabo. Más de media docena de empresas presentaron facturas por esas «obras», pero los actuales responsables de la Conselleria paralizaron su pago. Se trata se trabajos de iluminación de la línea del metro, de zonas que teóricamente se deberían haber pintado, de revestimientos inexistentes y de falta de algún generador.
Los actuales responsables de la Conselleria se encontraron con la sorpresa de que todas esas obras habían sido certificadas como acabadas por la directora de obras del metro, la ingeniera Ana García, cargo de confianza de la anterior consellera, Mabel Cabrer (PP). Cabe recordar que el metro empezó a funcionar poco antes de las elecciones de 2007 y, con la derrota de Jaume Matas, el pago de muchas de las facturas del metro pasaron a ser responsabilidad del nuevo equipo, en manos del PSM.
En cuanto a la consultora Global PM, cobró bajo contrato 1'5 millones de euros, pero Mobilitat detectó el pago de 1'3 millones extra «sin relación contractual». Esa cantidad fue abonada a la consultora poco antes de las elecciones, y su gerente es Jesús Peinado. La orden de pago tiene el visto bueno del entonces gerente de SFM, Rafel Pons.
Por su parte, Mabel Cabrer, ex consellera d'Obres Públiques en el Govern de Jaume Matas y actualmente diputada popular, dió ayer la cara ante la decisión del Govern de llevar ante la Fiscalía el coste de las obras del metro. «Tengo la conciencia tranquila, pero esta persecución política es muy difícil de llevar porque se siembran dudas sobre mi gestión. Me siento perseguida y eso me angustia», declaró ayer Cabrer, que compareció en rueda de prensa acompañada por Rafael Pons, gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca la pasada legislatura. Visiblemente indignada por la decisión del Govern de llevar ante la Fiscalía el asunto del metro, Cabrer recordó que su departamento ni siquiera aprobó las liquidaciones definitivas de las obras. Cabrer prefirió que fuese el nuevo Govern el que liquidase las obras con las empresas constructoras. «Nosotros pagamos dinero a cuenta a las empresas, pero tenía que ser el actual Govern el que tomase la decisión. Recuerdo que la primera legislatura del Pacte las liquidaciones de las obras del tren de Manacor se aprobaron cuando el Govern estaba en funciones. Yo no quise hacerlo», se defendió Cabrer.
Cabrer mostró su decepción con la política y llegó a afirmar que no volvería hacer lo que hizo la pasada legislatura. Además del metro y la estación intermodal, Cabrer gestionó la construcción de dieciséis carreteras. «Lo mejor hubiese sido no hacer nada porque así nunca me pasaría nada, pero yo creía que había que estar en política para hacer gestión. Que el Govern sepa que me defenderé diariamente contra los ataques por mí, mi familia y la gente que trabajó conmigo en la Conselleria».
La ex consellera d'Obres Públiques reconoció que el metro tuvo deficiencias técnicas, pero explicó que tuvo acceso a la auditoría económica sobre la gestión. «Acudí a ver el informe a la propia Conselleria. Dejaba claro que no había ninguna irregularidad económica», subrayó.
Cabrer señaló que es incierto que el metro ha costado más de 300 millones de euros. «El metro tuvo un presupuesto de 132 millones y, finalmente, hubo un incremento de 17'8 millones de euros». Cabrer recordó que la ley de contratos acepta hasta un 20 por ciento de sobrecoste en los presupuestos iniciales.
Además, Cabrer dijo que es ilegal que el actual Govern contratase a una empresa para hacer una auditoría técnica sobre el metro y, posteriormente, adjudicarle la asistencia técnica. Esta empresa ingresará 2'5 millones al año. «Le pedí permiso a Estarás para defenderme y pedí un informe jurídico al gabinete Quatrecases. El informe dice que es irregular lo que hizo el Govern con esta empresa técnica», señaló Cabrer.
Por otro lado, según Europa Press, el anterior Govern pudo encargar 2'5 millones de euros correspondientes a obras que realmente no se ejecutaron y por el abono sin ningún tipo de contrato de 1'3 millones a una consultora de ingeniería encargada de controlar los trabajos de esta infraestructura.
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