Una amplia delegación del Govern, encabezada por su president, Francesc Antich, se entrevistó ayer con el comisario de Economía y Moneda de la Unión Europea, Joaquín Almunia, para plantear la necesidad de adoptar medidas correctoras a los costes de insularidad que soportan las Balears; tal y como se contempla para otras regiones con características similares.
La respuesta de Almunia a las peticiones de Balears ha sido ecléctica, toda vez que no se ha comprometido a abrir la puerta a los fondos para las regiones transfronterizas, tal y como se pretendía desde el Govern, y se ha limitado a sugerir la presentación de proyectos referidos a I+D+i, el cambio climático, las energías renovables o al tejido industrial de las pequeñas y medianas empresas. Está claro que no se ha obtenido una respuesta positiva de la Unión Europea.
Balears no logra sensibilizar a sus interlocutores institucionales respecto a la verdadera situación que padece como consecuencia de su pésima financiación, tal y como ha sucedido ahora en Bruselas ante el comisario Almunia. Los ratios estadísticos, innegables, de la economía balear acaban lastrando, aunque puede parecer paradójico, su propio desarrollo. Nuestras Islas no cuentan con una red de centros escolares modernos y suficientes, las comunicaciones son manifiestamente mejorables, las ayudas al sector primario son insuficientes, la red de la sanidad pública ha quedado colapsada..., unas carencias que los ciudadanos de Balears tratan de paliar con sus propios medios.
A la incomprensión de Madrid parece añadirse la de Bruselas, un laberinto infernal del que los políticos de Balears no logran salir desde hace décadas.
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