El ex asesor del Ibatur dice que engañó a la cúpula de Turisme para lucrarse

Bonet, defendido por el abogado Gaspar Oliver, afirmó que él se quedaba con el dinero que la ex cúpula del Ibatur creía que iba destinado al Partido Popular.

Dijo que el ex conseller Joan Flaquer y otros altos cargos del Ibatur en el anterior Govern, como Raimundo Alabern, Juan Carlos Alia, Francisco Salas, Javier Cases y Carlos Pizá, le pidieron que «tratase de flexibilizar» los mecanismos de contratación, pero «dentro de la observancia de la legalidad en la medida máxima que fuera posible».

Confesó que el argumento empleado por él para convencer a esas personas fue que el dinero era para el Partido Popular, pero todos ellos «actuaron engañados», ya que el dinero, finalmente, fue a parar a sus bolsillos.

Bonet, al que la Fiscalía Anticorrupción ha comunicado que puede ser condenado a doce años de cárcel por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, ha admitido que se embolsó 85.000 euros al falsificar diversas facturas en el Ibatur. El juez le impuso una fianza por esa misma cantidad para eludir la cárcel. La caución fue constituida con dinero en efectivo el pasado lunes.

El abogado y ex asesor jurídico del Ibatur explicó, asimismo, que desconocía hasta qué punto esos altos cargos que mencionó conocían la mecánica que seguía respecto a la fragmentación de las facturas y sobre los criterios para seleccionar a los adjudicatarios de los distintos servicios contratados por el Ibatur.

Miguel Àngel Bonet mencionó en su declaración a Comunicación Creativa como la empresa que presentó el proyecto para realizar diversos trabajos de fotografía, en un proyecto queb ascendía a unos 70.000 euros. Por ello, admitió que se hicieron siete pagos de 10.000 euros a diferentes subcontratados y que éstos presentaron las diversas facturas. Uno de los comerciales de la citada empresa es Juan Carlos Alia, ex gerente de Ibatur.

Afirmó que para él era «fácil» firmar documentos que le permitieran enmascarar diversas cantidades de dinero que se embolsaba «por la confianza» que le tenían los dos ex gerentes, Juan Carlos Alia (que fue el que le contrató en 2003) y Raimundo Alabern.

Dijo que había engañado a diversas personas, varias de ellas de su entorno familiar, para quedarse con el dinero, y se justificó diciendo que tenía muchas deudas, que bebía, era ludópata y que estaba en tratamiento psiquiátrico por sus tendencias suicidas. Insistió en que su intención era la de devolver todas las cantidades sustraídas y que está «seriamente arrepentido».

Joan Flaquer negó ayer las imputaciones de Bonet y aseguró que no se sostiene el argumento de que había una trama orquestada para que dinero del Ibatur fuese a parar a las arcas del PP.

Dijo que en su gestión de conseller siempre actuó «dentro de la legalidad» y que jamás ha presionado a este funcionario ni a ningún otro para cometer cualquier tipo de «irregularidad».

El diputado 'popular' enfatizó que la relación con el imputado por supuesta malversación era «estrictamente laboral» y que su cargo dentro del Ibatur «no era de confianza», como lo acredita su puesto de funcionario.

El 'caso Ibatur', en el que un ex asesor jurídico falsificó facturas para lucrarse, ha vuelto a abrir la polémica sobre los controles del gasto del dinero público. La nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor en abril de 2008 ha supuesto un cambio -considerable en muchos aspectos- del régimen jurídico de contratación pública, que exige a las entidades del sector un rápido redoblar los esfuerzos en los mecanismos de control del dinero público.