Buena parte de los principales casos de corrupción detectados en Balears tiene una característica común, la utilización de las empresas públicas como marco en el que poder acceder de manera espuria al dinero de los contribuyentes. Lo que debían ser herramientas con las que agilizar la gestión y los servicios de la Administración, las empresas públicas, se han convertido en el terreno ideal para que aprovechados y arribistas proliferen mucho más de lo que podía llegar a sospecharse cuando se dieron a conocer los primeros casos.
Gerentes y directivos de Turisme Jove, el Consorci para el Desenvolupament de les Illes Balears, Bitel, la Empresa Municipal d'Obres Públiques de Palma y, el último, en el Ibatur han sido detenidos y están a la espera de rendir cuentas del uso fraudulento de sus cargos, abusando de sus privilegios, o, sencillamente, haberse lucrado con cargo al erario público. Con excusas más o menos pintorescas, en todos los casos se ha evidenciado la falta de control en las empresas públicas. La eventual eficacia ha facilitado el poner la mano en el cajón.
La situación obliga a una reflexión sobre si la actual fórmula de las empresas públicas debe continuar o, por el contrario, deben suprimirse para recuperar el sistema común de gestión en la Administración, con más garantías pero también más lento e ineficiente. Es probable que la solución pase por la despolitización de las empresas públicas y, en consecuencia, su profesionalización; dotándolas de una mayor independencia del poder político en sus estructuras internas se facilitará el autocontrol y dificultará la presencia de personajes que ponen en entredicho la labor de centenares de honrados servidores públicos.
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