Tras el encuentro que mantuvieron la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos, ha trascendido que España se ha comprometido a custodiar presos presuntamente vinculados a Al Qaeda procedentes de la base de Guantánamo. El anuncio ha provocado no pocas suspicacias entre los distintos grupos con representanción parlamentaria, toda vez que se desconocen los términos del acuerdo en lo que se interpreta como el inicio de una nueva era de las relaciones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la recién estrenada Administración de Barack Obama.
La participación de España en la dispersión de los presos de Guantánamo es una cuestión delicada. Aceptar los presos, tal y como se sugiere en el acuerdo entre Clinton y Moratinos, supone la implicación directa en una estrategia de combate del terrorismo que plantea serias dudas sobre su legalidad, un problema que da la impresión que Estados Unidos pretende 'exportar' a sus aliados. Además, la presencia de supuestos miembros de Al Qaeda en territorio español "se desconoce si sería en cárceles civiles o en alguna base militar conjunta" multiplica los riesgos de que nuestro país vuelva a ser un objetivo terrorista de los fundamentalistas islámicos.
Atendiendo a estas consideraciones, el ministro Moratinos debe comparecer en el Congreso y explicar todos los detalles de la propuesta que cuenta, por el momento, con el visto bueno de su departamento. Ante los diputados se deben detallar la situación jurídica en la que llegarían los detenidos y, por supuesto, las contrapartidas que está dispuesta a ofrecer la Administración Obama por los riesgos que se asumirían.
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