El Govern pedirá que el fallo de la sentencia de Son Espases se declare nulo por indefensión

El Govern pedirá la revocación del fallo del Tribunal Supremo que suspende de forma cautelar la modificación del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma que permitió la construcción del hospital de Son Espases. También solicitará que se considere nulo por indefensión jurídica, es decir, por defectos procesales. El Ejecutivo se basará en la Ley de Jurisdicción, que prevé, cuando las medidas son cautelares, modificar la sentencia «si han cambiado las circunstancias», según la portavoz del Govern, Joana Barceló.

La consellera portavoz fue muy clara ayer al asegurar que la sentencia «no obliga en absoluto a paralizar las obras» y que «la medida no se refiere a los actos firmes mientras ha estado en vigor».

Según el Govern, el fallo responde a la realidad de 2007 y no a la actual. Desde entonces, se han llevado a cabo dos actuaciones que permitirían solicitar la revocación. La primera es «la modificación del proyecto realizado por el gobierno autonómico cuando decidió continuar con la iniciativa», dijo Barceló. Una reforma que tenía como objetivo «potenciar la protección del patrimonio», explicó la portavoz.

La segunda actuación es la Llei de Mesures Urgents de Protecció del Territori, que «ya contempla Son Espases como equipamiento sanitario». «El Ejecutivo solicitará la revocación porque comprende que estas dos circunstancias han cambiado, son dos garantías», explicó Barceló.

En cuanto a la nulidad, Barceló afirmó que el recurso planteado por la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real «se presentó ante el Tribunal Supremo sin que se comunicara al Govern y al IB-Salut», hecho que propició que la institución «no pudiera personarse ni defender sus argumentos», es decir, hubo indefensión.

Por último, la portavoz del Govern quiso incidir en otro aspecto: «La sentencia dice que no se podrán dictar nuevos actos administrativos en relación a la modifiación del PGOU de Palma porque ha quedado suspendido». Sin embargo, el auto no «comporta que los anteriores actos firmes que se hayan realizado mientras estaba en vigor caduquen». ¿Qué implica este matiz? «Que licencias como la de actividad están correctamente otorgadas», señaló Barceló.

Una de las posibles soluciones que tiene el Ejecutivo es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa que el Govern no se ha planteado.