09/03/09 0:00
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ANDREU PERELLÓ Aina Calafat ha sido una de las caras públicas de la lucha contra la construcción del hospital de Son Espases. Para esta activista, la sentencia del Tribunal Supremo avala la tesis de que el Govern de Jaume Matas «escogió los terrenos de Son Espases por algún motivo en concreto, pero no por el interés general». Además, cree que se tendrían que producir dimisiones una vez conocida la suspensión cautelar de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma que hizo posible iniciar las obras. «Nos han dado la razón a todos los que hemos denunciado que se cometieron irregularidades», apuntó Calafat.

Para el ex portavoz de Salvem la Real, sin embargo, no sólo la recalificación de los terrenos se tramitó de forma irregular sino que, además, «el hospital se empezó a construir sobre un torrente y sobre restos históricos». En este sentido, Calafat aseguró que entre el inicio de las obras, un 9 de febrero de 2007, y la entrada de los arqueólogos, el 8 de mayo de 2007, «los camiones con restos arqueológicos no pararon de entrar y salir».

Las administraciones gobernadas por el PP "Govern, Ajuntament y Consejo, con UM" tuvieron sobre la mesa diferentes alternativas, pero por algún motivo se acabó escogiendo la finca de Son Espases Vell, junto al monasterio. «De todas las que tenían escogieron la peor», afirmó Calafat, a la vez que apuntó un posible motivo: los movimientos de compraventa de terrenos en los alrededores del solar afectado.

«Alguien tendría que pagar por esta fechoría», señaló Calafat, a la vez que exigió que «tendría que haber dimisiones entre los miembros del PP que participaron de aquella decisión que ahora se ha demostrado irregular, pero también entre los partidos que han permitido que el hospital continuara como si nada».

Con respecto a la actuación de los partidos del Pacte, la activista se mostró especialmente decepcionada pero no quiso hablar de traición.
Calafat se mostró segura de que ésta no será la única batalla legal ganada y recordó las 14 denuncias presentadas ante diferentes organismos que han supuesto la apertura de un expediente de investigación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.