La modificación de la Ley de Memoria Histórica propuesta por el senador del grupo parlamentario mixto Pere Sampol que plantea descargar la responsabilidad del proceso de localización, identificación y exhumación de los restos de personas asesinadas durante la Guerra Civil sobre el Estado, fue rechazada ayer en el pleno del Senado.
A pesar de la encendida motivación del senador por Mallorca, todos los grupos votaron en contra de esta toma en consideración excepto el PNV.
Sampol que aludió a la concentración convocada por la Asociación por la recuperación de la memoria histórica en Mallorca ante la Audiencia de Palma para protestar por la anulación de las diligencias del juez Garzón para exhumar los restos en determinadas fosas, entre ellas, dos en Mallorca, criticó al juez y al fiscal.
«¿Cómo puede una persona sana, inteligente, imparcial y justa considerar que el hecho de recuperar el cuerpo de un desaparecido y retornarlo a su familia es una actuación que no es urgente? ¿Cómo puede el fiscal decir que recuperar los restos de una persona desaparecida hace setenta años puede causar perjuicios irreversibles de difícil recuperación?», planteó el mallorquín indignado.
Sampol que apeló a la compasión afirmó que todo el proceso de localización, excavación, identificación, exhumación y traslado «no pueden dejarse en manos de los familiares, personas muy mayores o de las asociaciones que los amparan».
Unos trabajos tan complejos, dijo, que requieren la coordinación entre distintas administraciones que precisan de la intervención de profesionales cualificados y de sistemas de identificación científicos, son responsabilidad del gobierno. La Administración del Estado no puede limitarse a colaborar con los interesados, subvencionando parte del coste de todo un proceso tan complejo
El senador autonómico sostiene que aunque hayan transcurrido más de setenta años y se haya sustituido una dictadura militar por un Estado de Derecho, «éste no puede abdicar de su responsabilidad»
La iniciativa perseguía la modificación de cuatro artículos de la vigente Ley 52/2007 conocida como «memoria histórica» para descargar sobre el Estado: elaboración de un plan de trabajo de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y, entre otras, la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar.
Sampol establece en su iniciativa un plazo no superior a los seis meses a diferencia de los tres que marca la ley actual.
Por parte del PSOE, Susana Sumelzo, que rechazó la iniciativa por ser innecesaria, afirmó que el gobierno de Zapatero está «comprometido con el desarrollo integro de esta ley» para dar respuesta a aquellos ciudadanos que «todavía desconocen el paradero de sus víctimas».
Sólo le apoyó el PNV.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.