Más de 2.000 personas -2.000 según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía y 3.500 según los sindicatos organizadores Satse y Simebal- se concentraron ayer en la Plaça d´Espanya para protestar contra el decreto que regula el uso del catalán entre el personal de la sanidad pública balear.
A la concentración acudió la plana mayor del PP, con su presidenta, Rosa Estaràs, al frente, pidiendo la dimisión del conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, reiterando que la lengua debe ser «un mérito» y no un requisito.
El conseller Thomàs, consideró Estarás, «ha faltado al sentido común» y además de aprobar el decreto, ha realizado encuestas al personal sanitario «pidiendo su ideología política», con lo que se ha «politizado la sanidad pública», en palabras de la presidenta del PP.
«Castellano o catalán, lo primero es la calidad» o «Normalización sin imposición» fueron algunos de los lemas coreados por los concentrados que repetidamente gritaron «Thomàs dimisión».
En el manifiesto, leído en castellano y catalán por Txema Bravo (Simebal) y Ana Tobes (Satse), se afirma que el decreto es «inoportuno porque no responde a una necesidad creada por problemas de comunicación, y llega en un momento de importante déficit de profesionales sanitarios» y excluyente porque «castiga a todos aquellos profesionales que no están en posesión de la acreditación oficial de catalán».
Pidieron al conseller Thomàs que rectificara el decreto, «nos encontrarán para pactar otro», se leía en el manifiesto, «uno que no obedezca a los deseos de una minoría».
El secretario general del Sindicato Médico (Simebal), Isidro Torres, afirmó que la asistencia a la concentración «ha sido espectacular», si bien se manifestó escéptico en cuanto a que la acción de protesta sirva para hacer recapacitar al Govern. Opinión compartida por el máximo responsable del Satse, Jorge Tera, quien insistió en que el catalán debería ser un «mérito» y no «un requisito impuesto» por la Conselleria de Salut.
Horas antes, en la inauguración del nuevo PAC de Escola Graduada, el conseller de Salut, Vicenç Thomàs, defendió el decreto aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern y afirmó que ningún médico ha presentado su renuncia, desmintiendo las afirmaciones del Sindicato Médico que apuntaban que 39 facultativos de Eivissa han comunicado su intención de abandonar la isla a causa del decreto.
Por su parte la diputada del PP y portavoz de Salud del partido, Aina Castillo, dijo que el decreto es un «despropósito» ya que el catalán «en ningún caso puede ser un requisito» y aseguró que la excepción a la norma «no resolverá el problema», ya que si no acreditan conocimientos de la lengua tras dos años de acceder a una plaza «serán expulsados del sistema sanitario».
Quien también se pronunció sobre el decreto fue la ministra Elena Salgado, quien ayer dijo en Eivissa que el Ministerio de Administraciones Públicas «no ha visto nada» en el decreto sobre la obligatoriedad de aprendizaje del catalán para el personal de la sanidad pública aprobado por el Govern «que vaya contra el propósito del Ministerio».
Salgado afirmó, en declaraciones a la Agencia Efe, que lo que legisla el decreto sobre catalán es un proceso «gradual» y que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene «el mejor ánimo de colaboración» con el Govern balear.
Por su parte la secretaria de Organización del PSIB-PSOE, Rosamaria Alberdi, defendió ayer que la aplicación del decreto no supondrá «en ningún caso» que los profesionales que ahora mismo trabajan pierdan su empleo, o que sea rebajada su categoría por motivo de la lengua.
La ministra Alberdi añadió que lo único que pretende el Govern es que los profesionales sanitarios tengan un «conocimiento mínimo» de la lengua propia de las Islas.
Por otra parte, según afirmó ayer el conseller de Salut en la Comisión No Permanente de Salud del Parlament, el actual ratio de médicos asistenciales en activo en las Islas por cada 100.000 habitantes es de 353, ligeramente superior a la media estatal, que es de 325 profesionales.
Thomàs explicó las líneas generales del estudio encargado al Departamento de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, según el cual la dotación y las necesidades de facultativos especialistas son similares en todas las comunidades autómas, lo que supone una gran homegeneidad en los servicios básicos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El conseller Thomàs informó que en los últimos 10 años el número de colegiados en las Islas se ha incrementado en un 41 por ciento, mientras que la población, en el mismo período, ha crecido un 29 por ciento.
La Comunitat Autònoma tiene una tasa de 433'11 colegiados por cada 100.000 habitantes, muy superior, por ejemplo, a la Comunitat Valenciana que es de 418'48 o a Andalucía que es de 399'06 por cada 100.000 habitantes.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.